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Transantiago, problema de Incentivos

Félix Berríos Theoduloz

Martes 12 de abril de 2016

Tanto para la entender el comportamiento de las personas en distintos ámbitos como para evaluar los potenciales resultados de la aplicación de cualquier política pública, hay que empezar reconociendo que los individuos nos movemos por incentivos, ya sean sociales, morales, económicos o probablemente un combinado de los tres (y otros), donde finalmente la decisión que tome cada quien respecto a una determinada acción estará explicada por el incentivo que predomine.

Por ejemplo, un ladrón tiene un gran incentivo económico a robar, tanto porque los costos que enfrenta son bajos (no hay certeza de ser detenido, y fundamentalmente las penas son casi inexistentes), como porque los botines pueden ser muy suculentos. Desde el punto de vista del incentivo moral, este difícilmente puede contraponerse, ya que posiblemente el ladrón no vea como algo negativo su accionar. El castigo social tampoco lo contiene, e incluso podría incentivarlo más si es que su delito es condecorado dentro de su entorno de “compañeros de trabajo”.

Otro ámbito de interés general es el Transporte Público, y que está lleno de incentivos, muchos de ellos mal puestos, ciertamente. Por una parte está la evasión. La gente se sube a las micros sin pagar porque deja de gastar un porcentaje no despreciable de su sueldo. Entonces el incentivo económico opera en la dirección del no pago. Dicho incentivo crece cada vez que sube el precio del pasaje. El incentivo moral parece que no se contrapone, o al menos no al punto de llevarlo a pagar, mientras que el incentivo que viene del castigo social es poco relevante para muchos. Si además de todo lo dicho, sumamos lo malo del servicio (buses sucios, llenos, que no pasan nunca, etc.) se llega a que el incentivo moral de varios pasajeros opera en la misma dirección que el incentivo económico de no pagar, al menos como una forma de protesta. Bajo esta perspectiva, difícilmente se revertirá la evasión, y campañas que no vayan en la dirección de dar mayor peso a los incentivos de pago están destinadas a fracasar.

Antes – en la época de las micros amarillas –, el propio conductor tenía el incentivo a que se pagara el pasaje, cosa que ahora no le importa. El pasajero también sabía que si no pagaba sería el conductor que se encargaría de cobrarle a viva voz, dejándolo expuesto a la crítica social del momento, o incluso también podía saber que parte de su pago era el sueldo del propio chofer, por tanto había un incentivo social y otro moral que lo llevaban a pagar el pasaje. Por el lado del pasajero que va en la micro y que sí pagó, si este no alegaba antes cuando el chofer llevaba a alguien por menos del pasaje, menos va a alegar ahora, con toda la carga negativa que tiene defender el pago a un sistema considerado malo, arriesgando además una agresión de parte del viajante que ingresa sin realizar el pago, u otro compañero conductual de la misma micro.

Con todo, si juzgamos la política pública llamada Transantiago debemos hacerlo por sus resultados, siendo estos el reflejo de los incentivos que se colocaron a los agentes que intervienen. A todas luces estos fueron nefastos, y al parecer varias otras medidas actuales que está impulsando la autoridad corren el serio riesgo de terminar igual de mal. Basta con ver la forma en la que apenas camina la economía, con los agentes privados a la espera de definiciones. A ellos se les colocó un incentivo a esperar (exceso de incertidumbre, evidentemente), por lo que la respuesta fue natural y predecible por muchos, menos por la autoridad, que desconoce el rol de los incentivos o simplemente reduce su importancia en las decisiones.

Félix Berríos Theoduloz

Magister Economía, PUC

 

 

 

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