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Sename: Denunciarán al Estado ante la Comisión Interamericana de DD.HH.

Sename: Denunciarán al Estado ante la Comisión Interamericana de DD.HH.

Miércoles 3 de mayo de 2017

El psiquiatra, Rodrigo Paz asegura que demostrarán con hechos las transgresiones que se están cometiendo y la necesidad de que se forme una instancia que investigue las muertes, ya que, dice, el Ministerio Público no les da confianza.

Durante mayo, se presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de DD.HH. en contra del Estado chileno por las negligencias y anomalías detectadas al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename), por los miles de niños y adolescentes que han sido parte del sistema de “protección” y que han muerto. Así lo adelanta a EL MURO, el psiquiatra, Rodrigo Paz, presidente de la Corporación Sofini (vinculada a la niñez y adolescencia, institución en la que trabaja un equipo de profesionales que han tenido experiencia con el Sename y con centros vinculados a la entidad).

El especialista –quien trabajó durante ocho meses en el Servicio Nacional de Menores, a cargo de la formación de un equipo de psicólogos, asistentes sociales y otros expertos en el área infantil-, desde 2007 ha denunciado repetidas situaciones que son, a todas luces delicadas cuando se trata de menores y adolescentes altamente, vulnerables. “Que el Ministerio de Salud no tiene una oferta profesional y a falta de esa oferta, entonces, el Sename contrata a médicos psiquiatras particulares que van a los centros, dejan una indicación, pero no vuelven a ver cómo respondieron los muchachos a la intervención farmacológica”, en solo una de las tantas anomalías del sistema, asegura Paz.

Este médico advierte, además, en que “hay niños que reciben medicamentos sin prescripción. En los centros del Sename que me tocó visitar y que fueron varios, no hay personal de enfermería que regule la administración de medicamentos. Imagínese que hay treinta niños en tratamiento y debe haber una profesional de enfermería que tenga orden para que los niños no reciban dos veces el mismo medicamento, tiene que regularse que los medicamentos estén en un lugar adecuado”. A juicio del psiquiatra de la Corporación Sofini, si bien, han transcurrido 10 años desde que trabajó para el Servicio Nacional de Menores, “todo sigue exactamente igual. Esto sigue tan así que hace poco, en la Comisión Investigadora del Sename, invitaron a la nueva directora, Solange Huerta y le preguntaron si hay psiquiatras, si han contratado psiquiatras, quién está viendo los remedios, todas esas preguntas se las hicieron a ella, directamente, y no da respuesta concreta, no fue capaz de dar una respuesta, porque no han hecho nada”.

Rodrigo Paz, comenta a modo de ejemplo, que en el marco de la misma sesión de la Comisión Investigadora del Sename se le consultó a Solange Huerta por la situación específica de un centro en Arica en la que no se cuenta con un psiquiatra, a lo que la ex fiscal, ahora convertida en funcionaria pública, habría señalado: “No se ha encontrado psiquiatra, no hemos podido encontrar un psiquiatra”. Frente a la respuesta de Huerta, el doctor Rodrigo Paz se pregunta: “¿Cómo no va a encontrar un psiquiatra en Arica? Yo sé que está lleno de psiquiatras allá, el problema es que no tienen los recursos, no hay voluntad política. A los pocos días de esta declaración de Solange Huerta se produjo un motín en ese centro donde se terminaron quemando parte de las dependencias y hace meses algunas niñitas se arrancaron, porque la mayoría de ellas tiene problemas de adicciones y los funcionarios le están pidiendo la renuncia al director del centro. Ésa es la realidad”.

Las duras cifras: una realidad indesmentible

Cabe recordar que a mediados de agosto de 2016, los chilenos se vieron enfrentados a una realidad que, para muchos, en todo caso, no es ajena, sólo que el statu quo y la indolencia hacen pensar que se trata de acontecimientos nuevos e insospechados, de historias que recién en esta década surgen, pero no es así, sino que se arrastran en el tiempo, se repiten, una y otra vez. Este es el caso, por ejemplo, de la situación al interior de los recintos que son parte del Servicio Nacional de Menores (Sename) y de otros establecimientos que dependen de esta entidad estatal, con miles de fallecidos, con historias inconclusas y de las que no hay responsables, privilegiándose la impunidad.

Las cifras son crudas: 243 menores muertos -113 de ellos, con algún grado de discapacidad- y, en total, 1.313 chilenos que debieron ser protegidos y  resguardados por el Estado, pero no fue así y fallecieron entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de julio de 2016. Precisamente, la Presidenta Michelle Bachelet en el marco de la presentación del Informe de DD.HH., se emocionó al afirmar, respecto de las cifras de fallecidos, que sentía “dolor” y “vergüenza” por la tardía acción del Estado, sosteniendo que “Hemos visto, en ocasiones, que las instituciones chilenas no han estado a la altura, como ocurrió con los niños vulnerables”.

A esa declaración de la Mandataria se agregó el mensaje que, a través de su cuenta en Twitter publicó el 4 de octubre de 2016: “El país conoció la dura realidad de las cifras de niñas, niños, jóvenes, incluso, algunos adultos, fallecidos bajo la protección del Sename. La verdad es que a todos nos ha impactado, profundamente. A mí como chilena, como Presidenta, me genera mucha tristeza y también malestar, porque como sociedad y como Estado le hemos fallado a estos jóvenes y niños más vulnerables”, agregando que “no podemos quedarnos en la pena, tenemos que tomar decisiones, tomar acciones…”.

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Consultado el psiquiatra Rodrigo Paz, presidente de la Corporación Sofini, sobre la falta de especialistas que se hagan cargo de la salud mental e integral de los menores y adolescentes del Sename, contesta: “Yo hablo de la falta de equipos profesionales en general, no sólo de un psiquiatra, equipo de salud mental, psiquiatras, neurólogos, asistentes sociales, psicólogos que trabajen con niños, que trabajen con sus familias, que los sometan a tratamiento para dejar las drogas, todo lo que se debiera hacer en una unidad de salud mental, simplemente, no se hace”.

¿Un fiscal para obstruir la investigación?

-Un ejemplo, es el caso que usted ha denunciado como fue la muerte de la menor Lisette Villa Poblete…

Lisette Villa Poblete muere de eso. De hecho, meses antes de que falleciera me habían pedido que la evaluara, meses antes de que falleciera se hizo la solicitud para que fuera trasladada a un centro psiquiátrico, porque, evidentemente, ya no tenía nada más que hacer en el centro en que estaba. Lo que está matando a los niños, ya sea, directamente, porque están mal medicados, sobre medicados o sub medicados o porque se les arrancan y terminan muertos buscando drogas en alguna calle perdida de Chile, es eso.

-¿Por qué a Lisette Villa no la derivaron a un centro psiquiátrico como correspondía?, ¿es por falta de recursos para el traslado o, simplemente, lo que hay es falta de interés y de voluntad de ayudar a estos niños?

Eso es lo que, justamente, el fiscal (Marcos Emilfork) no ha investigado. Yo me he reunido con el fiscal, quien me entrevistó como testigo, tengo doble condición, por un lado querellante y, por otro, testigo. La misma pregunta que tú me haces habría que hacérsela a Solange Huerta cuando va a la Comisión Investigadora del caso Sename y dice que no ha encontrado psiquiatra. ¿Es realmente que no lo ha encontrado?, ¿es porque no hay recursos?, ¿es que no hay voluntad política? En el caso de Lisette Villa Poblete, uno esperaría que se investigara su muerte, que el fiscal estuviera investigando estas aristas, en la medida, sobre todo en que se instaló una falsa autopsia, donde se insiste que Lisette falleció producto de supuestas torturas.

-¿Usted no comparte esa versión y por qué?

Hoy día, el foco está puesto en las cuidadoras de los niños como si los 1.316 niños se murieran, porque los maltratan, porque los torturan y, eso, es una falsedad total. Lisette terminó siendo mal diagnosticada, mal medicada, meses antes de su muerte me solicitan, insisto, que reevalúe su tratamiento farmacológico, por razones que no se han investigado, no sé todavía qué pasó ahí, no puedo ver a Lisette, no logro verla, porque si la hubiera visto lo primero que habría hecho es quitarle la Sertralina y la Benzapina que la terminaron matando. Lisette no estaría muerta, hoy día, si me hubieran permitido verla, así se lo digo.

-Entonces, a su juicio, ¿lo que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del Sename estaría tratando de hacer es poner el foco, la mirada en este caso puntual responsabilizando a funcionarios y no asumir el grado de responsabilidad que le cabe al Estado de no impulsar las políticas públicas y entregar la atención que estos  menores requieren?

Exactamente. Nosotros, no tenemos duda de que la razón por la cual pusieron al fiscal Marcos Emilfork, como fiscal especial para reunir todas las causas abiertas, es justamente para obstruir la investigación, ocultar pruebas, dirigir la investigación de tal manera que se restringa la responsabilidad penal a los funcionarios del Sename, directamente a cargo de los niños y, de esa manera, el gobierno pretende resolver la crisis del Sename con estos cursos de derechos humanos y con una política de derechos humanos que, supuestamente, va a filtrar mejor a los funcionarios que ingresan a trabajar ahí, como si ése fuera el problema.

-¿Cuál es concreto el problema que causa la muerte de los niños del Sename y de los centros que dependen del Servicio Nacional de Menores?

El problema que causa la muerte de los niños en estricto rigor tiene poco y nada que ver con el Sename en sí mismo. El problema principal del Sename, la crisis del Sename es la crisis del Ministerio de Salud. Hoy día, tenemos un Ministerio de Salud que ha hecho un esfuerzo en los últimos años por formar más psiquiatras infantiles, pero resulta que hay más psiquiatras infantiles y se van a trabajar en el área privada, porque no hay dispositivos de salud. Al final del período de Sebastián Piñera, después de protestas y de mucho catetear, logramos que se dejara asignada en el Ministerio de Salud una partida presupuestaria para crear cuatro unidades de salud mental abocadas, exclusivamente, a la atención de niños del Sename.

-¿Y qué pasó con los $1.400 millones contemplados en el presupuesto de 2013 para la creación de residencias de salud mental polivalentes?

Resulta que asume el gobierno actual y agarró esos dineros y los destinó para unidades  de salud mental para la población, en general. El Ministerio de Salud debiera tener un programa Sename, donde haya dispositivos, hospitales, consultorios, especialistas abocados a esta población infanto-juvenil que es una población, particularmente, dañada. Se ha instalado la idea en la prensa de que los tratamientos psiquiátricos poco menos que son para tener dopados a los niños, que los niños como Lisette lo que los tiene enfermos es el abandono, la falta de amor.

Los niños que ingresan al Servicio Nacional de Menores tienen daño neurológico, problemas neuro-psiquiátricos graves. La mayoría que ingresa son niños muy complejos en los que hay mucha patología de salud, en general. Agrega a eso el abuso, la negligencia, el abandono, lo que provoca daño en la biología del cerebro, provoca alteración del neuro-desarrollo y son niños, altamente dañados y que requieren tratamiento. Claro que los niños necesitan amor y cariño, pero resulta que si esos niños no reciben un tratamiento médico, psicológico, psicoterapéutico, si su familia no se interviene, eso es nada.

¡A la justicia internacional!

-Usted ha planteado que presentarán una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Corporación Sofini, en contra del Estado chileno por las irregularidades denunciadas al interior del Sename y las muertes que se han generado por falta de atención de salud que requieren los menores de los centros de “protección”.

Así es y vamos a requerir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exija al Estado de Chile que haga valer el Protocolo de Estambul, porque estamos en presencia de cifras falseadas de muertos, están falsificando los informes de autopsias, que de las 1.316 muertes sólo se están investigando 243 ó 260, según ha manifestado el fiscal, Marcos Emilfork.

-El Protocolo de Estambul establece parámetros internacionales en materia de derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. ¿Qué es lo que ustedes buscarán concretamente con esta denuncia?

Lo que nosotros queremos denunciar es que el gobierno miente con la cifra de muertos, de hecho ni siquiera estamos seguros de que la cifra que se conoce sea real, nosotros pensamos que hay más muertos. El gobierno pone a un fiscal especial que está obstruyendo la justicia, que lo tenemos querellado, tenemos una querella por falsificación de instrumento público, con todos esos elementos vamos a poner una medida cautelar, informándole a la Comisión Interamericana de DD.HH. que el Estado de Chile, simplemente no está investigando y más bien está haciendo todo lo contrario. Este Protocolo es muy poderoso, porque las Naciones Unidas le dice a los Estados si ciudadanos bajo su cuidado y protección mueren estando al cuidado de ellos (muertes en custodia se llama y abarca, por ejemplo, a niños, jóvenes, prisioneros políticos, reos en la cárcel, de manera masiva y sistemática), lo somete a un protocolo y les dice que deben constituir una institución que investigue, que sea independiente del Estado.

-¿Confían en la acción de la Comisión?

 A la Comisión Interamericana de DD.HH., le vamos a demostrar con hechos todas las transgresiones que se están cometiendo y que, en virtud de ello, le exija al Estado que detenga esta farsa, que se cree una comisión especial que le dé garantía a todos los sectores para que se investiguen todas las muertes del Sename, porque no nos da garantía alguna el Ministerio Público de una investigación imparcial y decente.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno

 

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