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Proyecto de ley sobre incitación a la violencia y los riesgos de una “Ley Mordaza”

Miércoles 13 de septiembre de 2017

Abogados penalistas consideran que se debe mejorar la iniciativa en varios aspectos, ya que no deja claro qué penas corresponden a qué conductas que motivan la violencia.

Desde que la Presidenta de la República Michelle Bachelet anunció el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, han aparecido críticos y detractores del proyecto, por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.

El abogado penalista Tomás Henríquez conversó con EL MURO y explicó que este proyecto entró al Congreso “menos malo” de lo que era originalmente. “Al principio era un proyecto de incitación al odio y nos preocupaba porque no existía claridad en cómo se iba a definir ese concepto para que no terminara siendo una sanción en contra de formas legítimas de libertad de expresión, después el gobierno recapacitó y hoy señala que sanciona la incitación directa a la violencia física, pero seguimos preocupados de que esto no vaya a deformarse”, manifestó.

Tomás Henríquez consideraba que no era necesario un proyecto como este porque el tipo de conducta que busca castigar se encuentra sancionada en la medida que alguien es capaz de inducir a otro a la violencia física. “Ese inductor pasa a ser sancionado bajo la legislación vigente, acá se busca separarlo y no hacerlo dependiente de que efectivamente se cometa un acto de violencia física si no que preventivamente ir en contra de quien está haciendo el intento de incitarla”, afirmó.

Para el abogado, la preocupación de fondo pasa porque no vaya a transformarse eventualmente en una ley mordaza. “Si el gobierno logra hacer que dentro del Congreso esto no se deforme, es razonable que los medios de comunicación no lleven ese tipo de mensajes. No sería lo mismo si incitara al odio porque los convertiría en sensores o filtros y los pondría en una situación extremadamente difícil y con una responsabilidad civil por el hecho de estar censurando a terceros respecto a mensajes que son legítimos”, aclaró.

Según Tomás Henríquez, el odio es lo que los detractores dicen sobre algo específico, es decir, si alguien está en contra del matrimonio igualitario y hace comentarios sobre ese tema que puedan menoscabar a otras personas estaría cometiendo un delito. “Son discusiones políticas relevantes que tenemos que tener y eventualmente se corre el riesgo de convertir a la prensa en un sensor y no permitir el libre intercambio de ideas que es necesario para la democracia”, especificó.

De todas maneras, el abogado señaló que todavía hay espacio para precisar aún más el proyecto. “Somos partidarios de que esto se vincule directamente a los tipos penales que están en el código, por ejemplo, las lesiones graves gravísimas, menos graves y leves para que sepamos que esa violencia física no se va a interpretar de otras formas distintas”, sostuvo.

Maria Elena Santibáñez, abogada penalista de la Universidad Católica, explicó que el proyecto recoge lo que dicen los tratados internacionales donde la libertad de expresión tiene sus límites, sobre todo cuando se empieza a provocar violencia contra otras personas, por eso se privilegia el tema de la no discriminación de ciertos grupos que son más vulnerables.

“Lo importante es que se sepa que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, si no que tiene limitaciones, se puede decir lo que quiera en la manera que no afecte los derechos legítimos de otras personas y no poner en peligro la integridad de ciertos grupos”, aclaró.

A pesar de todo, María Elena Santibáñez, cree que hay que mejorar el proyecto porque puede prestarse para causar mucha inseguridad al no saber qué conductas incluye, ya que queda un poco abierto todavía y porque hay errores en cuanto a la pena que se impone como aplicar el grado superior cuando no lo tiene.

“Creo que tiene que perfeccionarse la redacción de la conducta misma. En todos los países existen estos delitos y también incluye a la prensa. Si tu como medio editorial permites que se llame a la violencia contra un grupo de personas estás siendo cómplice del ilícito”, concluyó.

El proyecto busca evitar las agresiones físicas, verbales o psicológicas contra otras personas por su orientación sexual, identidad de género o por el simple hecho de ser mujer. Por eso, quienes cometan este delito se arriesgan a la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 a 540 días y una multa entre 30 a 50 UTM .

Carola Oyarce/El Muro

Foto: Agencia Uno

 

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