SII: Las presiones que han sido olvidadas por el gobierno, el director y su círculo de amigos

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En un par de semanas, el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, le guste la idea o no, tendrá que emitir un informe  a la Unidad de Coordinación Nacional de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la División de Auditoría de la Contraloría General de la República, para explicar las razones que lo llevaron a decidir no presentar querellas en los casos de financiamiento ilegal de la política.

Hay que recordar que el director del SII, determinó cerrar sin causas criminales las investigaciones sobre financiamiento irregular de la política y optar por acciones pecuniarias, lo que implica restituir los tributos no pagados.

Tras la decisión de Barraza, de inmediato, desde distintos sectores y organismos se levantaron voces en contra de la resolución del director del Servicio de Impuestos Internos, instalado en el cargo gracias a su cercanía con la Presidenta Michelle Bachelet y el círculo más directo de la Mandataria. Desde el propio Ministerio Público, los funcionarios del SII y los querellantes en las causas Penta y SQM manifestaron su distancia con la medida del director del Servicio de Impuestos Internos, institución que por décadas se caracterizó por su trabajo técnico, no por sus vínculos políticos, lo que cambió.

La Contraloría General de la República elaboró un escrito en el que de manera directa, planteó que es indispensable que las decisiones del SII, “tengan un fundamento racional y que no obedezcan al mero capricho”, aclarando, al mismo tiempo, que “pese a tratarse de una atribución discrecional del director del SII, resulta indispensable que las decisiones que adopte, en la materia, tengan un fundamento racional, ya que conforme al principio de juridicidad, es importante que éstas no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad por lo que lo que resuelva sobre el particular requiere tener un sustento en los antecedentes recabados  al efecto”.

Con la medida adoptada por el director del Servicio de Impuestos Internos, se “libraron” varios políticos de la Nueva Mayoría de llegar ante la justicia, a modo de ejemplo, algunos nombres para tener presente: el senador y ex PS, Fulvio Rossi, el ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), el diputado de la DC, Roberto León (y su hijo), el senador DC, Jorge Pizarro (y dos de sus hijos), el empresario Jorge Rosenbluth y el ex Subsecretario General de Gobierno, Rodolfo Baier (PR).

Resulta curioso que la Contraloría General de la República, incluso, recordara al director del SII, que “las autoridades y los funcionarios del SII están obligados a observar el principio de imparcialidad”. Surge, aquí una interrogante, ¿el órgano contralor habrá querido decirle, indirectamente que, por alguna razón, los que se vieron beneficiados con su perdonazo fue gente ligada al oficialismo, es decir, a la Nueva Mayoría, o lo que, a estas alturas, queda de ese conglomerado?

El 28 de abril, el abogado, Mauricio Daza, querellante en los casos Penta y SQM, en conversación con este diario electrónico, fue categórico al inclinarse por la tesis de que lo que ha buscado el director del Servicio de Impuestos Internos es tender un manto de protección hacia unos pocos.Acá resulta evidente que lo que se ha buscado con la decisión de (Fernando) Barraza es garantizar impunidad e impedir que se sigan profundizando las investigaciones respecto de las personas que han estado involucradas en el financiamiento ilegal de la política y, obviamente, esto es algo que le conviene al actual gobierno, toda vez que una de las aristas que se estaba indagando era, precisamente, el financiamiento ilegal que habría recibido la campaña presidencial de la Nueva Mayoría por parte de SQM, empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet (Julio Ponce Lerou), entre otras, empresas”.

Llama también la atención que altas autoridades del Servicio de Impuestos Internos, que ya no están en ejercicio, porque fueron apartadas de sus cargos, denunciaran presiones en contra de la entidad a la hora de investigar los casos de financiamiento ilegal de la política. Y, llama aún más la atención, que esas denuncias no recibieran la atención necesaria de parte del gobierno de la Presidenta Bachelet y que tampoco implicaran señales de alerta con cambios concretos al interior del SII.

Lo que piensan los funcionarios del SII

A través de una declaración interna de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a la que EL MURO tuvo acceso, se señala en el documento que “como funcionarios/as del SII sabemos que las normas sobre reserva tributaria imponen severas limitaciones al Servicio, que impiden publicitar antecedentes particulares de los casos en cuestión, restricción que aplica también respecto de las definiciones o criterios bajo los cuales se ejercen las acciones civiles e infraccionales que decide ejercer el Servicio, puesto que estos criterios forman parte de las estrategias de fiscalización que se implementan en pos del cumplimiento de su misión institucional. No obstante ello, tenemos la convicción que la Dirección del SII debe fundar sus actuaciones, más aún en una materia de alto interés público. Entendemos que, en el marco de la institucionalidad vigente, hoy resulta pertinente buscar mecanismos que permitan explicitar los criterios implementados, así como su efectividad en el contexto general del cumplimiento de la misión del SII, atendido que la afectación del prestigio del Servicio no es sólo un problema de imagen pública, sino que incide directamente en la posibilidad de nuestra institución de cumplir con su misión, en la validación social de las actuaciones de los/as funcionarios/as, y en el respeto hacia los mismos. Visto que la efectividad de las administraciones tributarias está directamente vinculada a la percepción de que actúan en beneficio del interés general, apegadas a la legalidad y la probidad administrativa, en el contexto social que vive nuestro país, no basta con declarar que las instituciones deben funcionar, sino que es tarea principal de quienes las dirigen dar cuenta de ello”.

En el mismo documento, los funcionarios del SII advierten que “nos parece urgente que los órganos legisladores asuman la necesidad de subsanar las falencias que nuestro ordenamiento jurídico mantiene respecto de la persecución y sanción de los delitos económicos y de carácter corporativo. No parece razonable que estas discusiones sólo se reactiven en contextos de crisis o electorales. Nuestros marcos normativos han demostrado ser incapaces de regular y sancionar adecuadamente estos hechos. No resulta razonable que, ante infracciones que puedan revestir el carácter de delito de carácter corporativo, se apliquen los mismos instrumentos jurídicos y sanciones que recaen sobre pequeños contribuyentes o personas que incurren en prácticas de evasión. Asimismo, resulta necesaria la revisión de las facultades y roles de los organismos reguladores del mercado de capitales y la industria financiera”, añadiendo que “es evidente que, en aquellos casos en que la persecución penal en estas materias culmina en procedimientos abreviados o con acuerdos reparatorios, que incluyen sanciones corporales remitidas, y sanciones pecuniarias considerablemente menos gravosas que las establecidas por la propia legislación, no se cumple con la aspiración de justicia y equidad que todos exigimos del ordenamiento jurídico”.

Los mismos funcionarios del SII plantean que “más allá de la discusión respecto de la facultad exclusiva que hoy mantiene el SII para dar inicio a la persecución penal de infracciones tributarias, se requiere una revisión integral del conjunto de normas que rigen en estas materias, para construir un marco coherente de acción para cada una de las instituciones involucradas, entre sí y frente a la ciudadanía. Asimismo, resulta necesario regular el alcance que tienen las normas sobre reserva tributaria, porque resulta inexplicable que en los procedimientos que se siguen en Tribunales Tributarios y Aduaneros ella persista, generando una injustificada opacidad, en contraste con el procedimiento penal”.

Y, además, en forma concluyente, indicaron en la declaración interna que circuló en la ANEIICH que: “Los/as funcionarios/as del SII estamos comprometidos con nuestra misión institucional, y así lo hemos demostrado sistemáticamente. Hoy, para cumplirla debidamente validados ante la sociedad, resulta indispensable relevar ante la ciudadanía y los/as contribuyentes, los valores de probidad y excelencia que conducen nuestro accionar”.

A la visión de los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, hay que incluir la del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien en los medios de prensa, dijo respecto de la decisión adoptada por el director del SII, Fernando Barraza que “respetamos esta facultad, pero hemos manifestado siempre que estamos en desacuerdo que otros órganos del Estado tengan la facultad de presentar acciones penales y que no esté radicada en el Ministerio Público”, añadiendo que “si el servicio no se querella o denuncia esos hechos, nos pone una barrera infranqueable”.

¡Denuncias al cajón del olvido!

Un antecedente para recordar, a la hora de hablar de las supuestas presiones políticas que el SII estaría recibiendo para no continuar con las indagatorias que involucran a políticos, fue la carta que Cristián Vargas, subdirector del Servicio de Impuestos Internos, remitió a los funcionarios de la entidad, tras su forzada salida. El ex funcionario aseguró: “Nos ha tocado enfrentar en los últimos meses una situación muy difícil y compleja, relacionada con la investigación de delitos tributarios, cohecho, soborno y otros ilícitos, que afectan a personas con importancia social, económica y/o política, y que derivaron en presiones de todo orden hacia la institución”.

Cristián Vargas, no sólo se quedó en ese antecedente, sino que fue más allá, afirmando que “desde mediados del año pasado (2014), en el marco de los denominados casos Penta y luego SQM, se ha presionado al Servicio para que no cumpla a cabalidad sus  funciones en materia de delitos tributarios y limite las investigaciones de acuerdo a intereses extraños al organismo (…) En relación con esta situación y, en base a una serie de hechos acaecidos, me he ido formando la convicción que se ha intentado instrumentalizar al Servicio para que actúe de manera afín a acciones de encubrimiento de ilícitos tributarios y de protección de sus autores, intento que jamás acepté, impulsando una actuación institucional apegada a las disposiciones legales”.

Pero, las denuncias de presiones contra el SII no sólo provinieron de Cristián Vargas, sino también del propio ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, quien nuevamente este 2017 volvió a referirse a “presiones”, mencionando a quien fue el Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ex brazo derecho de la Presidenta, Michelle Bachelet y, para muchos dentro del oficialismo, considerado como el “hijo” de la Mandataria, situación que siempre generó resquemores entre Peñailillo y Sebastián Dávalos, hijo mayor de la militante socialista, sobreseído, ahora, en el escándalo del llamado caso Caval.

Rodrigo Peñailillo junto a Giorgio Martelli habrían estado detrás del financiamiento ilegal de la segunda campaña, con bombos y platillos, de Bachelet, pero mientras Martelli (considerado operador político) fue formalizado, el regalón de la Mandataria no corrió la misma suerte, quedó libre de culpa y, ahora, vive en Estados Unidos junto a su familia.

Sobre las eventuales presiones, Jorrat dijo en abril de este año en el programa Informe Especial de TVN que “el mensaje era que no nos siguiéramos metiendo”, pues el Ministerio del Interior, “quería obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. Cuando el Ministerio Público quería incautar cierta documentación, pidieron que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes”, añadiendo que “nos pidieron, supuestamente, a nombre del ministro (Rodrigo) Peñailillo que recurriéramos con camiones a SQM para retirar la contabilidad. Querían obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, pero no estuvimos ni cerca de hacer algo así”.

Y, a ese dato no menor, se agrega que en la declaración que Michel Jorrat habría prestado en junio de 2015 ante el Ministerio Público, de acuerdo a la versión divulgada en 24 Horas de TVN, tras presentar una querella contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por una boleta falsa, sostuvo que lo llamó la jefa de gabinete de Hacienda, Andrea Palma. “Horas después de presentada la querella, la jefa de gabinete de Hacienda me solicitó que fuera a su oficina y me contó que el Ministro del Interior (Rodrigo Peñailillo) estaba enfurecido por la querella citada y, en particular, las diligencias que se solicitaba en esa querella, porque ellas le abrían la puerta al fiscal que pudiera investigar a la empresa”.

Asimismo, de acuerdo a lo publicado por 24 Horas de TVN, Michel Jorrat en su testimonio ante la Fiscalía habría dicho: “En los días siguientes, tuve otra reunión con la señora Palma, que me señaló que el Ministro del Interior había dado la instrucción de que el SII no debía hacer nada más en relación a SQM. Cito textualmente, que no se moviera’”.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno

 

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