Muertes en el Sename: Denuncian ante fiscal Emilkork responsabilidad de ex directores del organismo

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El pasado 21 de julio de este año, el fiscal Marcos Emilfork, quien investiga las muertes en el Servicio Nacional de Menores (Sename), pero no las 1.313 que se han registrado en el período de 11 años, sino 210 de los decesos, reconoció en los medios de comunicación que “ésta sí es una causa de derechos humanos“, agregando que “hablamos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la custodia del Estado y fallecen existiendo algún grado de responsabilidad de orden penal, por parte de quienes el propio Estado les ha entregado la custodia“. Esta frase se contrapone, por ejemplo, con las declaraciones del actual Ministro de Justicia, Jaime Campos, quien afirmó, relajadamente que “el hablar de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estado de Chile en relación con los niños, es una exageración.

A raíz de la declaración del fiscal, Marcos Emilfork, la Red Infancia Chile ONG interpuso una denuncia ante este persecutor por el delito de genocidio culposo, en contra de ex directores del Servicio Nacional de Menores: Hugo Herrera Andreucci (ejerció hasta abril de 2016), Marcela Labraña Santana (asumió el 2014), Rolando Melo Latorre (2010 y 2014); José Francisco Estrada Vásquez (2009-2010); Eugenio San Martín Truffy (2007 y 2009); Paulina Fernández Fawaz (2006 y 2007); Delia Del Gatto Reyes (2005).

La denuncia junto con apuntar a los ex directores del Servicio Nacional de Menores, también va dirigida, según señala el texto al que EL MURO accedió, “contra todos los demás funcionarios públicos que resulten responsables, cualquiera sea su nivel o grado de participación en cualquiera de los delitos que se enunciaran y cuya individualización y participación deberá ser determinada en esta investigación, delitos por los cuales han sido víctima los niños y adolescentes, a cargo de los centros de hogares del Sename”.

En el mismo texto se sostiene que “de los hechos que conforman la denuncia y de los delitos imputados, se desprende, inequívocamente, que se han vulnerado derechos de los niños, niñas y adolescentes chilenos que, respecto de su seguridad e integridad, el Estado y sus agentes tenían el papel de garantes respecto de ellos”.

Cabe indicar que los fundamentos en los que se sostiene la denuncia por genocidio culposo,  radican en los siguientes aspectos: “En mayo del año pasado (2016), a instancias de los diputados, René Zaffirio y Ricardo Rincón, se aprobó por la Cámara de Diputados, la creación de la Comisión Investigadora del Sename, con el objeto de investigar la situación de niños, niñas y adolescentes en Chile y de aquellos carentes de cuidado parental en el país, a fin de conocer los avances y obstáculos que ha experimentado la institucionalidad desde la aprobación del informe de la comisión especial investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, en 2014. A raíz de esta investigación, se requirió a la, entonces, Ministra de Justicia, Javiera Blanco, que informara el número de niños, niñas y adolescentes fallecidos dentro de los centros dependientes del Sename y que se encontraban bajo su custodia”.

Se agrega que “durante agosto de 2017, la ex Ministra de Justicia entregó cifras de niños fallecidos bajo el amparo de la institución, que fueron cuestionadas por la comisión, ya que, esa cifra inicial carecía de una búsqueda seria y acabada de información que sirvieran de base. La propia, Ministra Blanco informa que no existían datos suficientes para calcular de manera precisa, el número de niños y niñas fallecidos. Bajo ese contexto, la actual directora del Sename, Solange Huerta, con fecha 3 de octubre de 2016, públicamente, informa la cifra exacta de menores fallecidos al alero del Servicio Nacional de Menores, durante el período comprendido entre enero 2005 y junio de 2016: 210 niños que vivían en el sistema de protección de residencias que mantiene el organismo”.

En la denuncia se plantea, al mismo tiempo, de manera textual lo siguiente: “La directora del Sename, además, de entregar la cifra de 210 fallecidos en residencias de protección del organismo, detalló la muerte de otros 406 niños que se encontraban en programas ambulatorios, como también 216 que estaban en procesos de justicia juvenil y 33 que cumplían condena. En efecto, estas cifras y la forma en que fueron obtenidas, luego de una ardua investigación para obtener la información, cruzando antecedentes de varias instituciones públicas, a saber, el Registro Civil e Identificación y otros, reflejan el abandono de quienes bajo labores remuneradas y sin mayor interés por el bienestar de los niños y niñas, debían tutelar por la salud y el cuidado de los niños y niñas fallecidos”. Añadiéndose, que “entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016 han muerto un total de 210 niños, niñas y adolescentes en los centros dependientes del organismo. No obstante, semana a semana aparecen más niños y niñas fallecidos, siendo, actualmente, cerca de 1.000 (1.313 en definitiva, a la fecha) la aterradora cifra que engruesa este listado”.

Cuando se habla de genocidio culposo, en el texto se indica que los funcionarios cometieron delito culposo: “Cuando se habla de un grupo nacional, o población civil determinada, nos estamos refiriendo a todos los niños que llegaron al alero “protector” de Sename, en donde se ha causado a uno o más miembros del grupo un menoscabo grave en su salud física o mental; en donde se ha sometido al grupo de niños y niñas, a condiciones de existencia capaces de causar su destrucción física, total o parcial tales como la privación del acceso a alimentos o medicinas y por último en donde se ha Trasladado por fuerza a menores de 18 años del grupo a otro grupo, o se les impida regresar a aquél”.

En entrevista con EL MURO, el abogado, Marcelo Figueroa, quien interpuso la denuncia sostiene que “se está afectando muchas vidas, más de mil niños que han muerto, estando el Estado a cargo de ellos, de manera que estamos en presencia de un tema de derechos humanos como lo planteó el fiscal, Marcos Emilfork”. Agrega que “los funcionarios del Sename cometieron genocidio culposo. Cuando se habla de un grupo nacional o población civil determinada, nos estamos refiriendo a todos los niños que llegaron al alero “protector” del Sename, en donde se ha causado a uno o más miembros del grupo, un menoscabo grave en su salud física o mental, en donde se ha sometido al grupo de niños y niñas, a condiciones de existencia capaces de causar su destrucción física, total o parcial tales como la privación del acceso a alimentos o medicinas”.

Según Figueroa, “estas personas, obviamente, no quisieron matar a los niños, pero por su negligencia y por su falta de cuidado, los menores que tenían a su cargo como agentes del Estado, fallecieron. El tema del Sename dice relación con responsabilidad política y penal también”.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno

 

 

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