Los niños del Sename sin derecho a trasplantes: ¿Quién es responsable?

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Cuando un niño que forma parte del Servicio Nacional de Menores o de las  organizaciones colaboradoras muere, ¿quién en este país se hace responsable? La respuesta, hasta ahora, es un misterio, porque ninguna institución, ya sea el Sename, las OCAS, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud (MINSAL), asumen ninguna responsabilidad y, mucho menos, las autoridades de turno o los que dirigen los “centros de acogida”.

En los últimos 10 años, han fallecido 1.313 menores y no hay responsables a nivel de Estado, incluso, algunas autoridades pese a una deficiente gestión, han sido premiadas como la ex Ministra de Justicia Javiera Blanco, hoy en un cargo en el Consejo de Defensa del Estado.

En las últimas horas, se denunció a través de Chilevisión otro deceso de una niña del Sename, ocurrido en 2015 en el sur del país, específicamente, en Chiloé. Se trata de Daniela Vargas Vargas, quien a sus escasos 13 años, requería un trasplante de corazón y esta posibilidad se le habría negado por parte del Comité de Ética de la Red de Salud UC Christus. ¿Por qué?, presuntamente, la razón sería por “precariedad familiar, social y personal”.

Sin duda, esa respuesta está lejos de lo que cualquier familia, con más, menos o casi nulos recursos esperaría de los médicos, cuando se trata de salvar la vida de una persona, en especial, de una menor de edad.

Sin embargo, la causa para no incorporar en el listado de trasplante a Daniela Vargas, incluso, ha sido respaldada por el coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud, José Luis Rojas, quien en un medio de comunicación aseguró: “Una de las condiciones que pedimos es que, efectivamente, exista un soporte detrás que asegure todo lo que viene después del trasplante, como son el seguimiento, los controles, los medicamentos y el hacinamiento”, agregando que “cuando se evalúa el caso de esta menor por el Centro de Trasplante, efectivamente había algunas condiciones que no se estaban cumpliendo y se les dijo que, transitoriamente, hoy no la podemos aceptar en lista de espera y necesitamos estos cambios de situación”. Además, sostuvo que “no es que aquí se haya dejado de lado a la niña, porque era pobre, ni mucho menos. El 75 por ciento de los trasplantes que hacemos son Fonasa, gran parte de ellos son muy pobres…no hay una segregación a los niños del Sename para dejarlos sin trasplantes”.

Frente a las declaraciones del funcionario público del Ministerio de Salud, uno se pregunta, ¿acaso no sabrá que la mayoría de las familias cuyos hijos están en el Sename o en las organizaciones colaboradoras enfrentan muchas carencias, entre ellas, las de vivienda y sustento económico?, entonces tomando en cuenta esa realidad que se repite en todo el país, ¿ningún niño del Sename es susceptible de un trasplante, por el solo hecho de tener una familia pobre y su destino es morir sin que nadie le ayude a sobrevivir a su enfermedad?

Llama la atención que José Luis Rojas –en 2008 en una entrevista en La Tercera y cuando era director de la Corporación de Trasplante-, al menos hiciera un reconocimiento de las fallas del sistema en materia de donación, indicando que “en Chile no hemos hecho un diagnóstico de situación local, no nos hemos hecho cargo de optimizar al máximo la pesquisa de pacientes potencialmente donante de órganos, es un tema de gestión hospitalaria pública y privada que implica una política de Estado frente a la donación de órganos. Es muy fácil y muy simplista echarle la culpa a la gente de que tenemos pocos donantes y no asumir que el gran impacto a nivel mundial en aumentar los donantes pasa por gestión hospitalaria”.

José Luis Rojas, tras nueve años de hacer esa declaración y, ahora, estando instalado en el Ministerio de Salud, ni siquiera hace un mea culpa y admite que debiera haber un cambio en las condiciones que se le exigen a los menores del Sename para ser trasplantados, porque siempre están enfrentados a condiciones vulnerables, desde que nacen y que no se le debieran hacer efectivas las mismas condiciones que, al resto, de los chilenos.

¡No asumir responsabilidades: una vergueza!

Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename en entrevista con EL MURO afirma que “es una vergüenza que nadie se haga cargo de las responsabilidades políticas que existen (refiriéndose en general, a las muertes en el Servicio Nacional de Menores y en las organizaciones colaboradoras), porque las hay y no se puede negar”.

Rodrigo Paz, presidente de la Fundación Sofine (que ha interpuesto varias querellas por las muertes de menores del Sename o de centros dependientes del organismo estatal) y quien durante meses estuvo a cargo del tratamiento del menor apodado “Cisarro”, en conversación con este diario digital, señala que las responsabilidades políticas también recaen en quienes han estado a cargo del Ministerio de Salud.

El especialista plantea que “el abandono que los Ministerios de Salud han hecho a los niños del Sename viene hace muchos años. El Ministro de Salud, Jaime Mañalich (en el gobierno de Sebastián Piñera) aceptó la propuesta de invertir $1.400 millones para cuatro unidades polivalentes de salud mental para el Sename. ¿Qué hizo la Ministra Helia Molina cuando asumió Bachelet? Toma esos $1.400 millones y lo re-destina a otras cosas, la supuesta experta en infancia y resulta que la propia President, Michelle Bachelet, meses antes de asumir su segundo mandato recibió de mi parte una propuesta para rescatar a los niños que se estaban muriendo en el Sename, entre otras cosas, por negación de prestación de salud y no lo consideró”.

¡James Gaete, otro menor al que le negaron trasplante!

29 de junio de 2016, James Gaete Tamayo, tan sólo de tres años y quien permanecía en la Casa Nacional del Niño, entidad dependiente del Sename, murió, tras haber sido trasplantado de hígado y, luego, contraer una seguidilla de infecciones en ese centro que, en teoría, debía resguardarlo y cuidarlo. La causa de muerte fue una neumonía por un hongo conocido como Neumocistys Girovechy.

Pese a que ya en noviembre de 2015, los profesionales del Hospital Luis Calvo Mackenna sabían que el trasplante hepático estaba siendo rechazado, no incorporaron al paciente en el listado nacional de niños susceptibles de re-trasplante hepático, asunto que resulta, especialmente, discriminador, si se considera que es habitual que un 30% de los niños sometidos a trasplante hepático deban someterse a un nuevo trasplante.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno

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