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La doble moral del SII: Para la Nueva Mayoría TODO, para el resto LA LEY

La doble moral del SII: Para la Nueva Mayoría TODO, para el resto LA LEY

Jueves 20 de abril de 2017

Con la decisión del SII, se “salvaron”: Fulvio Rossi, Rodrigo Peñailillo, el diputado Roberto León (y su hijo), el senador Pizarro (y dos de sus hijos) y el empresario Jorge Rosenbluth. Todos, curiosamente, de la Nueva Mayoría.

El cargo de quien es director del Servicio de Impuestos Internos (SII) es designado por el presidente de turno, en este caso, Fernando Barraza, en agosto de 2015 fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet. Su gestión ha sido cuestionada por la “manga ancha” contra políticos de la alianza oficialista involucrados en el financiamiento ilegal de campañas políticas, mientras en el caso de los vinculados a la centroderecha, el organismo se ha ido en picada.

En un artículo publicado por EL MURO (21 de diciembre de 2016), fuentes ligadas al Servicio de Impuestos Internos, aseguraron: “La mano blanda frente a los casos de políticos oficialistas ligados a SQM, es una señal de que el actual director del SII, Fernando Barraza –que es de la Nueva Mayoría-, ha causado mucho daño a la institución, ya que junto al subdirector jurídico, Bernardo Lara están preocupados de salvar el término de este gobierno, no están resguardando la igualdad, porque saben que luego de la próxima elección presidencial ya no podrá existir esta suerte de hacer vista gorda y, ahí, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán actuar”, advirtiendo, además, que “somos testigos de la politización de una institución pública y, lamentablemente, el SII está capturado por la Nueva Mayoría, en especial, por el Partido Comunista. Ése es el problema del Servicio de Impuestos Internos, no los funcionarios, porque ellos cumplen la ley y, si dependiera de ellos, fiscalizarían a todo el mundo, pero no pueden, porque tienen jefes que les dan instrucciones, que los califican, que los persiguen o, al final, los despiden”.

En los últimos días, se conoció la determinación del director del Servicio de Impuestos Internos de cerrar sin causas criminales las investigaciones sobre financiamiento irregular a la política y optar por acciones pecuniarias (que implica restituir los tributos no pagados), en la práctica, esto significa no presentar querellas en casos de financiamiento irregular de campañas políticas. Según Fernando Barraza, la no presentación de una querella específica por delitos tributarios no implica impunidad, sosteniendo en un comunicado público que “el sistema sancionatorio consagrado en el Código Tributario establece para los delitos tributarios dos procedimientos –penal o infraccional- que persiguen igualmente aplicar sanciones legales. Incluso, en los casos en que no existen antecedentes con méritos suficientes se aplica el procedimiento administrativo y, cuando corresponde, los contribuyentes deben igualmente rectificar sus declaraciones tributarias y pagar con reajustes, multas e intereses los impuestos evadidos”.

A esa respuesta de Barraza se sumó el inmediato blindaje que el gobierno le otorgó a este funcionario público, designado a dedo por la Presidenta Bachelet y, a través de la vocera del gabinete, Paula Narváez, quien sostuvo: "No existe impunidad. Es muy importante que la gente entienda que si hubo daño o perjuicio fiscal, es eso lo que se busca reparar". Las declaraciones de la Ministra Paula Narváez no son sorpresa, “porque, por supuesto, jamás se reconocería que sí hubo presiones políticas de por medio, partiendo desde La Moneda, ya que no quieren terminar el gobierno con varios de los militantes oficialistas entrando y saliendo a prestar declaración por actos de corrupción en los que sí estuvieron involucrados. Aquí, todo se está queriendo tapar, echar tierra encima y hacerlo, rapidito”,  asegura a este diario electrónico una alta fuente de la plaza de abogados.

Con la decisión del director del Servicio de Impuestos Internos, sólo a modo de ejemplo, se “salvaron” de llegar ante la justicia, por ejemplo: el senador, Fulvio Rossi, el ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el diputado de la DC, Roberto León (y su hijo), el senador, Jorge Pizarro (y dos de sus hijos), el empresario, Jorge Rosenbluth y el ex Subsecretario General de Gobierno, Rodolfo Baier. Todos, curiosamente, de la Nueva Mayoría.

El abogado, Mauricio Daza, querellante en los casos de financiamiento ilegal de la política (los vínculos entre los políticos y los grandes grupos empresariales), como son Penta y SQM, en entrevista con EL MURO, respecto de la reciente decisión del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza de no presentar querellas en las causas ligadas al pago irregular de campañas y asesorías fantasmas que no se realizaron, sostiene que “se trata del ejercicio abusivo de una facultad creada, por ley, al director del SII, a través de la cual, lo que se pretende es conseguir impunidad para un puñado de personeros que están vinculados a partidos políticos de todos los sectores y que se han visto involucrados en actos de financiamiento ilegal, los cuales se habrían concretado a partir de la triangulación de dineros desde distintas empresas, a través del pago de facturas o boletas ideológicamente falsas por servicios que nunca se prestaron”.

A juicio de Daza, “finalmente, estamos ante una situación burda que garantiza impunidad. Aparece, además, como bastante burda la excusa que se entrega en el sentido de revertir esto con algún grado de racionalidad, a partir de sostener que el SII no es una entidad fiscalizadora, sino más bien, un ente recaudador, lo que es manifiestamente falso, porque si se analizan las normas que rigen el actuar de esa institución, se le entregan al SII facultades de fiscalización no sólo en el ámbito administrativo para los efectos de cobrar impuestos y multas a los contribuyentes que ha infringido una norma tributaria, sino que, además, se le entrega, expresamente, las facultades de poder iniciar acciones criminales con la finalidad de que se investiguen y se repriman, delitos tributarios”.

Agrega que “en este contexto, el Ministerio Público le ha informado en numerosas ocasiones, con antecedentes concretos y determinados que, hay ciertas personas que habrían cometido actos que podrían ser calificados como ilícitos tributarios y se ha solicitado al SII que se pronuncie y, es en ese contexto, en el cual se ha señalado por parte del director (Fernando) Barraza que, derechamente, no va a iniciar las acciones criminales y que va a ir sólo por la vía pecuniaria y, eso, es lo que consideramos grave y, además, un atentado contra el principio de igualdad ante la ley”.

-¿Por qué habría un atentado, como señala, al principio de igualdad ante la ley?

Si esto mismo le ocurriese a una Pyme, a un almacén o a un pequeño contribuyente, obviamente, el Servicio de Impuestos Internos no dudaría en presentar las respectivas querellas criminales como, usualmente, ocurre.

-Usted plantea y es sabido que la determinación de Barraza es una atribución que, legalmente, puede aplicar  quien se desempeñe en el cargo de director del Servicio de Impuestos Internos,  ¿tiene que ver, entonces, con el hecho de que el propio sistema permite esta situación?

Obviamente, existen normas que pueden ser utilizadas de manera abusiva y arbitraria y, eso, es lo que, a nuestro juicio, ha ocurrido acá. Se plantea por parte del director del servicio que tiene esta potestad, pero, se trata de una facultad que se le ha confiado con la finalidad de resguardar el interés público de manera adecuada y no para garantizar impunidad a personas que están relacionadas con el financiamiento ilegal de la política. Esto, es especialmente grave si se considera que el Servicio de Impuestos Internos en nuestro país no es un organismo que sea, verdaderamente, autónomo, ya que su director es nombrado y mantenido en su cargo por la sola voluntad del gobierno de turno, por lo tanto, se puede dar, que las decisiones que se adopten por parte del director del Servicio de Impuestos Internos tengan un componente que vaya más allá del cumplimiento de los fines de la institución.

-¿Puede influir o afectar, en algo, que estemos ad portas de elecciones parlamentarias y presidenciales, en noviembre, la decisión de Fernando Barraza, director del SII? Se lo pregunto, porque alguien podría pensar que hay un tema político detrás, ¿y la justicia opera en favor de los que tienen dinero y poder y el resto que no cuenta con recursos debe acatar lo que se establezca en su caso?

Una decisión tan burda como la que se ha comunicado por parte del director del Servicio de Impuestos Internos se puede explicar sólo a partir de una doble convicción por parte de quienes adoptan este tipo de medida. La primera es que al ser algo que beneficia, finalmente, a personeros de todos los sectores políticos, no va a ver ningún parlamentario, ninguna persona, presidente de un partido o alguna autoridad que aparezca criticando esta medida, porque acá se está obrando, básicamente, como una defensa colectiva, como una reacción corporativa de toda la clase política, porque, finalmente, todos ellos están de alguna manera involucrados en partidos, en organizaciones o actos financiados de manera ilícita.

-¿Y cuál es la segunda convicción?

Está la convicción de que, además, más allá del ruido que esto provoque, al final, no va a pasar demasiado, ya que sólo se harán reclamos ciudadanos que no van a producir ningún efecto concreto y, en este sentido, el director del Servicio de Impuestos Internos va a seguir en su cargo, probablemente, las personas que aparecen involucradas en esto, también van a continuar como si nada. Eso, es lo lamentable de constatar que no vivimos en un Estado de derecho en forma y que hay muchas instituciones que no están a la altura de su deber y, esto, es lamentable en el caso del SII que está integrado por miles de funcionarios de carrera y de planta que se han desempeñado durante décadas, realizando una labor muy ejemplar, pero que, lamentablemente, el destino de esta institución y su prestigio está en manos de personas que son nombradas por el gobierno de turno y que, al parecer, no están disponibles para poder hacer cumplir el interés que debiesen resguardar: el interés general y no el interés particular de un puñado de dirigentes políticos con los que se pretende buscar algún tipo de impunidad.

-¿Qué pasa con ustedes en calidad de querellantes y el trabajo realizado aportando antecedentes y pruebas en los casos Penta y SQM y observan este escenario determinado por el director del Servicio de Impuestos Internos?

Obviamente, es algo desalentador, sin embargo, nosotros sabemos que el tratar de que investiguen delitos que involucran a personas que forman parte de la élite económica y política de nuestro país, es una tarea difícil, cuesta arriba y, en ese contexto, si bien nos parece burdo e impresentable lo que hizo el SII, no nos sorprende. Vamos a seguir con la misma decisión, más que buscar resultados, estamos en esto por convicción y la convicción es que se debe avanzar con la finalidad de que se pueda investigar la verdad de lo sucedido, respecto de los hechos de corrupción y financiamiento ilegal de la política y, partir de establecer aquello, definir o descartar responsabilidades criminales. Hay que aclarar que la decisión del Servicio de Impuestos Internos es irrelevante para los efectos que se puedan perseguir otro tipo de delitos como sobornos y cohecho, sobre los cuales nosotros nos hemos querellado, son causas vigentes y vamos a solicitar al Ministerio Público que profundice esas indagaciones.

-¿Si el SII no inicia acciones penales, qué rol desempeña el Ministerio Público, queda atado de manos?

La verdad es que en relación a los delitos tributarios, existe un problema objetivo que se vincula con que se requiere, en conformidad a la ley vigente, una querella por parte del SII una querella para poder llevar a  juicio, a lo menos, a las personas que aparecen como imputadas en un delito de carácter tributario, no así para ser investigado ese delito. Parece un sinsentido el que se investiguen hechos en los cuales el Ministerio Público no va a poder formular una acusación, pero creemos que es un esfuerzo que se debe realizar, en la medida en que el Ministerio Público se encuentra facultado para esclarecer la verdad de lo que ha ocurrido y, en ese contexto, también se pueden configurar otro tipo de delitos, insisto, que no son tributarios como negociación incompatible, soborno, cohecho o fraude al Fisco, por ejemplo. Entonces, nos parece importante que la Fiscalía también tenga la decisión de seguir adelante, no tire la toalla, cumpla con su función, investigue estos hechos y una vez que se esclarezca la verdad de podrá definir si es que existen conductas que no sólo constituyen delitos tributarios, sino también algunos otros ilícitos respecto de los cuales el papel del Servicio de Impuestos Internos es irrelevante.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno

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