UF:26.657,27 UTM:46.786,00 Dolar:624,53 Euro:738,80 Cobre US$/Libra:3,16 Petróleo WTI US$/Barril:51,88 Ipsa:4.104,19 Dow Jones:23.157,80

Iván Navas (doctor derecho penal): “El gobierno tiene que entender que hay conductas terroristas"

Miércoles 4 de octubre de 2017

Los comuneros Mapuche que estaban en huelga de hambre le quebraron la mano al gobierno y, ahora, en La Araucanía celebran, porque Mahmud Aleuy, el hombre fiel de Bachelet, se aleja bajo la figura de feriado legal de la administración de su ex aliada socialista.

La decisión del gobierno que, a todas luces, pareciera ser una medida que no se pensó y tampoco se consideró el alcance político que podría tener, solicitar que se recalificara el delito por Ley Antiterrorista, por el que los comuneros Mapuche que permanecieron por más de 112 días en huelga de hambre y fueron privados de libertad por su eventual responsabilidad en el incendio a la iglesia en el sector Truf Truf de Padre Las Casas, el 9 de junio de 2016, dejó a la administración de la Presidenta Michelle Bachelet en el peor escenario que se podía prever, a dos meses de las elecciones del 19 de noviembre. ¡De mal en peor!

Esto, porque la postura de la militante del Partido Socialista y de su séquito de ministros que aún la respaldan, al menos en público, consiguió quebrar la relación con uno de los personajes más influyentes de su segunda administración: el Subsecretario del Interior,  Mahmud Aleuy, quien en la jornada de ayer sostuvo una reunión con la Mandataria y, luego de eso, a contar de este 4 de octubre y sin fecha de retorno, hará uso de un feriado legal, lo que, en la práctica, implica una renuncia que no habría sido aceptada por Bachelet, hasta poder encontrar un reemplazante.

Aleuy, hasta ahora, es, o mejor dicho, era uno de los más fieles a la Presidenta, el hombre clave a nivel político dentro del gobierno. Sin embargo, después que lo dejaran sin piso, al pedir que se recalificara el delito imputado a los comuneros Mapuche que estaban en huelga de hambre, de la que él no era partidario, ¿qué otra opción le quedaba? Recordemos que hasta viajó a Argentina para reunirse con la Ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, con la finalidad de recibir antecedentes, respecto de la posibilidad de que los comuneros de La Araucanía estuvieran recibiendo armas desde el país trasandino para llevar adelante sus ataques en la zona sur del país, todo enmarcado en la denominada “Operación Huracán” que durante seis meses, indagó la Dirección de Inteligencia de Carabineros.   

¡Y en paralelo…!

Mientras el Subsecretario del Interior se reunía para obtener antecedentes desde Argentina, por otra parte, y desde la vereda del proteccionismo a la violencia en La Araucanía, el Ministro de Desarrollo Social y militante del Partido Comunista (PC), Marcos Barraza –quien se ha mantenido siempre desde la vereda del frente cuando se habla del conflicto Mapuche- dio una entrevista en la que planteó su tesis, la que es, absolutamente, contraria a la visión de Aleuy, este último, siempre manteniendo la postura de aplicar mano dura a los ataques en La Araucanía.

Marcos Barraza, con esa tendencia tan propia de la izquierda, de no asumir cuando hay acciones violentistas y se encargan de bajarle el perfil a los temas, en El Mercurio, aseguró lo siguiente: "Creo que hay hechos violentos y que hay manifestaciones delictuales que pueden tener un móvil político, pero no hay terrorismo en La Araucanía, agregando, relajadamente, sin ser abogado, sino psicólogo, que "Chile no tiene terrorismo. Lo que, eventualmente, se tipifica como conductas terroristas son hechos violentos particulares. Yo he ido innumerables veces a la región de La Araucanía, he transitado por zonas urbanas y rurales, y nunca me he sentido amenazado en mi integridad".

¿Y el estado de derecho?

Iván Navas, doctor en Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, en entrevista con EL MURO, sostiene que “a quien le corresponde determinar la clase de conducta que es realizada por los imputados (los 4 comuneros Mapuche) es el Ministerio Público y al juez. Creo que el asunto es más bien de índole técnico, aun cuando tiene ribetes políticos, porque, efectivamente, utilizar una ley u otra, tiene consecuencias en la pena, en la fuerza con que el gobierno se vea enfrentando esta situación, pero, en realidad, se tiene que atender a un criterio, estrictamente, jurídico de los hechos”.

Agrega que “estamos hablando de conductas que están descritas en la ley, entonces, la calificación, de eso, se hace conforme a la ley y no conforme a un criterio político. El gobierno tiene que entender que hay conductas, claramente terroristas en La Araucanía y tiene que utilizar todos los medios que están a su disposición, entre ellos, la ley que sanciona conductas terroristas, para poder luchar contra la situación actual que existe. Entonces, creo que pasa por entender que, efectivamente, hay comportamientos terroristas. Esto lo aclara, por ejemplo, la existencia de una organización como la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), que es un grupo con pretensiones terroristas, entonces, hay que sacarse la ideología de que si aplico la Ley Antiterrorista tengo una especie de visión del pasado, por lo que pasó en Chile hace algunos años sobre el terrorismo y la dictadura”.

-¿El criterio no tiene que ser político, sino jurídico, al final de cuentas?

No va por un criterio, estrictamente, sentimental o político de lo que implica afirmar que hay hechos terroristas, porque estamos hablando de un grupo organizado, que no representa a la población, que no representa a los Mapuche, simplemente, están ejecutando hechos que, jurídicamente, de acuerdo a la ley son calificables de delitos terroristas.

-Usted, en calidad de doctor en Derecho Penal, plantea que estamos hablando de delitos que están tipificados como conductas terroristas, pero la visión que hay es que el gobierno está tratando, de alguna manera, de ajustar su decisión de que se recalifique el delito, teniendo detrás criterios políticos, sobre todo en un período ad portas de elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Hasta qué punto, entonces, se respeta la actuación del Ministerio Público?

Creo que, efectivamente, cuando el Ministerio del Interior presenta la querella tiene en cuenta el criterio político, ahora, en época de elecciones, les interesa aparecer con un poco de mano dura en este conflicto, pero, ahora, que es bastante tarde, cuando han sucedido varios hechos, parece tarde que se decida, en este instante, utilizar una herramienta jurídica, cuando llevan años ocurriendo estos hechos.

Hay un poco de falta de transparencia, de decir las cosas como son, ¡si estos son hechos terroristas, lo son hace tres años y ahora! Claramente, de alguna forma, uno puede intuir que hay un afán electoral o hay algún elemento que hace, ahora, recalificar el hecho.

-Tiene mucho que ver con el contexto de elecciones y si es que se les llegara a morir un comunero Mapuche por huelga de hambre, ¿ése es el miedo?

Hay una idea del gobierno de no amplificar el conflicto que ya es bastante grave, entonces, aquí, se intenta aplicar el mayor rigor de la ley, pero, evitando, efectos secundarios como lo que sucedería si un comunero que hace huelga de hambre fallece por estar bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Lo que pasa es que esas no son decisiones que toma el gobierno, son las personas que deciden hacer una huelga de hambre y no pueden poner en jaque al estado de derecho, porque, en el fondo, eso es lo que se está haciendo. ¡No quiero que se me califique como terrorista, entonces, me pongo en huelga de hambre! Insisto, las calificaciones jurídicas, el que decide qué clase de delito se comete no es el propio potencial autor, sino que es la ley, el estado de derecho tiene que establecerse de manera firme en estos hechos.

Es verdad que el gobierno no quiere que haya un desenlace fatal en la huelga de hambre y, por eso, intenta que las cosas siempre sean lo más tranquilas dentro de lo alterado que es, pero, no hay que ceder en esta situaciones, sino poner un poco de consideración sobre la propia población civil que lleva años sufriendo una instancia muy grave que son estos hechos de terrorismo que están ocurriendo.

-¿Cuál es su opinión respecto a la CAM?

La CAM, es un grupo organizado, que no son los Mapuche, que no representan al pueblo Mapuche y frente a este grupo hay que tomar las medidas adecuadas para poder enfrentarlo y no permitir que pongan en jaque, o al límite, el estado de derecho, la institucionalidad, los tribunales, al Ministerio Público.

-Desde el punto de vista penal, estrictamente, lo que corresponde es que a estos comuneros se les aplique la Ley Antiterrorista, más allá de la huelga de hambre que iniciaron por decisión propia…

No tengo los detalles de la causa, del proceso, pero entiendo que la decisión que dicta el tribunal es adecuada a los antecedentes del proceso y la prisión preventiva es una medida extrema, pero es una medida que establece la ley para asegurar los fines del procedimiento. Generalmente, los tribunales son muy cautos y toman la decisión de la prisión preventiva con mucha reflexión de los antecedentes.

No me cabe duda que el tribunal ha actuado conforme al mérito del proceso, estamos hablando de delitos, realmente, graves y frente a ellos, yo creo que hay que utilizar medidas que entrega la legislación, el Código Penal y la Ley de Conductas Terroristas, entonces, no creo que sea un hecho desproporcionado aplicar la prisión preventiva.

-¿Al solicitar que se recalifique el delito terrorista se pone en jaque el estado de derecho?

No. Creo que cuando se obliga al Estado a cambiar su decisión en la calificación de los hechos, a través de una huelga, por ejemplo, o de actos límites, como manifestaciones o entrar a una intendencia o a una iglesia, para que el gobierno decida otra cosa de lo que debería decidir en estricto rigor, ahí es cuando se está intentando poner en jaque el estado de derecho.

No es que el gobierno ponga en jaque a la ley, sino que un conjunto de personas imputadas por hechos graves intentan cambiar la aplicación de una ley por parte del gobierno y no se debe ceder frente al chantaje o frente a actos que, claramente, son terroristas. Si el gobierno cede a las presiones, está siendo influido por estos hechos y al ceder a las presiones, entonces, cada vez que haya un hecho como éste, con una huelga de hambre, se va a conseguir lo que se quiere.

El Estado no puede ceder ante los terroristas, la idea detrás de esto es que cuando hay grupos de terroristas armados que presionan y chantajean al gobierno, el gobierno tiene que ser firme en la aplicación de la ley.

-¿Y qué demuestra el gobierno cuando intenta que se recalifique el delito?

Si solicita la recalificación se está dejando influenciar de manera negativa. No hablo de debilidad del gobierno, sino más bien, de un ajuste, quizás por algunos otros intereses de por medio, un cierto cálculo político de las consecuencias que esto puede tener. Imagino que desde el punto de vista político, se evalúa si esto es bueno o malo para la imagen del gobierno, pero la ley es clara y no se puede ceder ante intereses políticos.

Cuando la aplicación de la ley cede al cálculo electoral, ahí, estamos siendo débiles en la aplicación del derecho y, efectivamente, en estos casos, necesitamos una aplicación certera, clara de la ley. Me parece que el gobierno le hace un flaco favor al estado de derecho, cuando cambia su calificación jurídica.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno

Relacionados

El "meme" del día

Underjackson...

Underjackson...