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¿Debería renunciar el Director del SII, Fernando Barraza?

¿Debería renunciar el Director del SII, Fernando Barraza?

Viernes 28 de abril de 2017

Se abrieron los focos que piensan que el director del Servicio de Impuestos Internos debiera dar un paso al costado, al decidir no presentar querellas en los casos de los pagos fraudulentos que políticos han recibido de parte de varias empresas.

¡Paradójico! Al menos, ése es el término con que se puede definir el rechazo generalizado que ha provocado, en distintos sectores, la determinación del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, de cerrar sin causas criminales las investigaciones sobre financiamiento irregular de la política y optar por acciones pecuniarias (que implica restituir los tributos no pagados). En la práctica, esto significa no presentar querellas en casos de financiamiento irregular de campañas políticas. 

Lo paradójico es que mientras el propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la Contraloría General de la República, los abogados querellantes en las causas Penta y SQM y hasta los propios funcionarios del SII discrepan de la decisión de Fernando Barraza, el gobierno a través del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y de la vocera, Paula Narváez, lo respaldan.

Según ha manifestado, Fernando Barraza, la no presentación de una querella específica por delitos tributarios no implica impunidad, sosteniendo en un comunicado público que “el sistema sancionatorio consagrado en el Código Tributario establece para los delitos tributarios dos procedimientos –penal o infraccional- que persiguen igualmente aplicar sanciones legales. Incluso, en los casos en que no existen antecedentes con méritos suficientes se aplica el procedimiento administrativo y, cuando corresponde, los contribuyentes deben igualmente rectificar sus declaraciones tributarias y pagar con reajustes, multas e intereses los impuestos evadidos”.

Pero, la respuesta del actual director del Servicio de Impuestos Internos ha causado polémica y ya se levantan voces de quienes no sólo advierten que su decisión de no presentar querellas en los casos de financiamiento ilegal de la política es un abuso, sino que esperarían, al menos de su parte, el gesto de renunciar al cargo en que fue designado por la Presidenta, Michelle Bachelet.

Hay que señalar que con la postura de Barraza,  sólo a modo de ejemplo, se “salvaron” de llegar ante la justicia: el senador, Fulvio Rossi, el ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el diputado de la DC, Roberto León (y su hijo), el senador, Jorge Pizarro (y dos de sus hijos), el empresario Jorge Rosenbluth y el ex Subsecretario General de Gobierno Rodolfo Baier. Todos, curiosamente, de la Nueva Mayoría.

En conversación con EL MURO, Mauricio Daza, abogado querellante en las causas Penta y SQM, afirma que “si el parámetro para poder definir la continuidad del director del Servicio de Impuestos Internos fuese el apego de este funcionario a los fines establecidos por la ley a su cargo y resguardar el buen funcionamiento de la institución, obviamente, tendría que renunciar”.

Advierte, en todo caso, que “lamentablemente, la hipótesis más probable es que la decisión de anunciar que no va a presentar más querellas en aquellos casos relacionados con financiamiento ilegal de la política debe haber sido tomada, precisamente, en cumplimiento de los deseos de quienes lo nombraron y lo mantienen en el cargo, precisamente, que es el gobierno de turno, por lo tanto, más que incumplir con el mandato entregado por parte de quienes lo designaron, probablemente, lo ha cumplido de manera plena, aunque esto se contraponga a los fines establecidos por la ley, para dicho servicio”.

-En su calidad de querellante, ¿qué opinión le merece que desde varios sectores se rechace la decisión de Fernando Barraza y el gobierno respalde su accionar?, ¿cuánto de eso refleja la poca transparencia por parte de la administración de Michelle Bachelet en la indagatoria del financiamiento ilegal de la política?

Acá resulta evidente que lo que se ha buscado con la decisión de (Fernando) Barraza es garantizar impunidad e impedir que se sigan profundizando las investigaciones respecto de las personas que han estado involucradas en el financiamiento ilegal de la política y, obviamente, esto es algo que le conviene al actual gobierno, toda vez que una de las aristas que se estaba indagando era, precisamente, el financiamiento ilegal que habría recibido la campaña presidencial de la Nueva Mayoría por parte de SQM, empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet (Julio Ponce Lerou), entre otras, empresas.

-¿No debiera, entonces, llamar la atención la actitud de la administración de la Presidenta, Michelle Bachelet de defensa hacia la determinación del director del Servicio de Impuestos Internos?

 La verdad es que, entonces, resulta natural que aparezca, precisamente, ese mismo gobierno dándole apoyo al director Barraza en algo grave y que se esté actuando de manera burda, sin ningún poder para los efectos de anteponer al interés público que debe resguardar el director del SII. Aquí están primando los intereses particulares de un puñado de políticos corruptos que estuvieron envueltos en actos relacionados con este financiamiento ilegal. Esto, se ha visto a paciencia de todo el mundo y bajo la probable convicción de que, finalmente, da lo mismo lo que opine la comunidad, lo que digan algunas autoridades, toda vez que esta decisión les permite acceder a la impunidad de manera efectiva, sin que, finalmente, a quienes han estado detrás de esta muy cuestionable decisión, les llegue a pasar algo.

¡A ver las caras el martes en su voto!

Cabe precisar que el próximo martes 2 de mayo, la Cámara de Diputados tiene en tabla votar el proyecto de ley que presentó en marzo de 2015 el diputado, Jorge Tarud (PPD) y que apunta a retirarle la exclusividad del Código Tributario que, actualmente, tiene el director de Impuestos Internos para querellarse cuando existe un delito de fraude al Fisco.

En conversación con este diario digital, el diputado Jorge Tarud señala que “le pido al gobierno que reconsidere su postura. Esta iniciativa viene con un informe negativo de la Comisión de Hacienda, porque la mayoría lo votó en contra, algunos se abstuvieron y sólo el diputado, Pepe Auth, lo votó a favor. Voy a defender este proyecto, para que este delito sea de acción pública”.

-¿A qué se refiere cuando dice que le solicita al gobierno que re-considere su postura?

Porque el gobierno dijo que Impuestos Internos está actuando muy bien, que no hay nada que hacer y que el gobierno no tiene ningún plan de reconsiderar las cosas. Ése es un profundo error, porque no se le puede dar la exclusividad a un funcionario designado políticamente, designado por el gobierno de turno, para que él sea quien califique o no, si se querella o no cuando hay un delito. Eso, no puede ser. Todos los delitos tienen que ser de acción pública, es decir, el que se roba una gallina es un delito de acción pública que puede implicar cinco años de cárcel, pero aquél que defrauda al Fisco en cientos de millones no tiene querella y basta con que pague las multas. Ahí, hay una clara discriminación, porque el que tiene recursos puede defraudar al Fisco, pero no tiene ninguna pena.

-¿Corresponde o no, en aras del tan usado término “transparencia”, que el actual director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, frente a su decisión que ha sido cuestionada desde varios sectores, dé un paso al costado y renuncie?

No, lo que yo quiero es que cambie de postura y, por lo tanto, se querelle en contra de todos los que tenga que querellarse y no en forma selectiva. Aquí, no se puede actuar en forma selectiva.

-¿Qué probabilidad tiene su proyecto de ser aprobado en la sala de la Cámara de Diputados si, previamente, fue rechazado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja?

No importa que lo votaran en contra, da lo mismo, lo que importa es la votación de la sala.

-¿Para transparentar quiénes son partidarios de quitarle la exclusividad en los delitos tributarios al director de turno del Servicio de Impuestos Internos y quiénes no?

Exactamente, que den la cara ante la opinión pública los que votan en contra. Yo quiero que ellos voten y que digan por qué votan en contra, cuáles son las poderosas razones que tienen para votar en contra de una ley que es, absolutamente, discriminatoria, que no está conforme a las reglas normales de un estado de derecho, donde un delito es un delito y tiene que ser de acción pública.

Con las mismas características de Barraza: ¡No!

El abogado, Matías Ramírez, querellante en los casos Penta y SQM, en entrevista con EL MURO, asegura: “Nosotros, creemos que es necesaria la renuncia de (Fernando) Barraza, pero esa renuncia nos puede llevar a poner a alguien de las mismas características y a cumplir la misma misión, independiente de la responsabilidad política que él pueda tener. En este caso, a nosotros como querellantes, lo que nos interesa es que, en definitiva, el Servicio de Impuestos Internos cumpla su rol técnico y que ante delitos tributarios ejerza las acciones correspondientes para que el Ministerio Público no sólo pueda realizar la investigación, sino que sostener esos antecedentes en un eventual juicio oral y poder, en definitiva, lograr las condenas que correspondan”.

-¿Qué opina de la determinación de Fernando Barraza, director del SII?

Ha carecido de total imparcialidad y ha sido sesgada desde el momento en que ha dejado de cumplir con las actuaciones que venía realizando el servicio hasta hace algunos años, donde presentaba las querellas contra quienes resulten responsables, pero una vez que (Fernando) Barraza asume, nacen las querellas nominativas, después las gestiones del mismo SII en varias audiencias, dieron cuenta de un giro que estaba en contra de las investigaciones penales. Recordemos, por ejemplo, el caso del abogado de Pablo Longueira, cuando el SII se retira de la audiencia, o sin ir más lejos, el caso del senador, Jaime Orpis, cuando fueron los únicos querellantes que se allanan al cambio de prisión preventiva. Más allá de la salida de (Fernando) Barraza que sería determinante, también va de la mano en que se instale a alguien que, efectivamente, cumpla con el rol histórico del SII que es perseguir los delitos tributarios.

-¿Cómo se entiende que se cuestione desde el Ministerio Público, los abogados querellantes, los funcionarios del SII, la decisión de Fernando Barraza, pero el gobierno lo respalde?, ¿eso demuestra que lo que se está buscando es proteger, por parte del Ejecutivo, a militantes de la Nueva Mayoría involucrados en SQM?

La decisión que adoptó (Fernando) Barraza es una decisión política que se aleja a cualquier consideración técnica o de los principios del mismo SII, al momento de no perseverar en la presentación de las querellas correspondientes. ¿A quién beneficia esa decisión? Yo sería bastante más amplio, acá no sólo puede beneficiar a gente de la Nueva Mayoría, sino que también a gran parte de la gente de derecha. Por ejemplo, el mayor boletero de SQM es Pablo Longueira y respecto de él, no existe hasta el día de hoy una querella por delitos tributarios. Entonces, al final, la defensa a la clase política es transversal, no lo reduciría a un caso específico, otro ejemplo, es el senador, Fulvio Rossi, quien pese a que su Jefa de Gabinete está formalizada por delitos tributarios, respecto de él no existe ninguna querella por facilitación de documentos tributarios falsos.

-¿No es, entonces, respecto de un sector el beneficio?

No es sólo en cuanto a un sector, sino que, a mi juicio, es un acuerdo transversal de la clase política de decir ¡no sigamos indagando, respecto de otras empresas, donde, eventualmente, pueden haber aportes mayores!, como es el caso de Aguas Andinas, COPEC, Celulosa Arauco. Hay varias empresas que quedan aún en el tintero por investigar y que, precisamente, esta decisión (de Fernando Barraza, director del SII) nos va a llevar a la impunidad, porque, incluso, muchas veces en la investigación de estos delitos tributarios terminamos en delitos en contra de la probidad pública como fue el caso de Pablo Longueira y el senador, Jaime Orpis donde se inicia la indagatoria por boletas falsas, pero, en definitiva, derivamos en que estos pagos que se hacían era para que estos funcionarios públicos realizaran gestiones determinadas. Eso, a mi juicio, como querellante es lo más relevante.

-¿Se impide el avance de las investigaciones con la determinación del actual director del Servicio de Impuestos Internos?

No sólo se impide el avance en la investigación de los delitos tributarios, sino que  también, eventualmente, contra otros delitos que tienen que ver con la probidad pública.

-¿Cómo se logra evitar que determinaciones como la de Fernando Barraza (director del SII) se repitan, si quien asume en ese cargo es designado por el gobierno de turno?, ¿cómo se puede esperar que quien dirija el SII asuma la actitud que corresponda y no se deje llevar por cuoteos políticos o porque le deba un favor político al Presidente de turno o a algún sector en particular?

Necesariamente, la discusión que trae esta discusión y otras, es lo que ha hecho cuestionar que el nombramiento del director sea una decisión política. Hay que ver qué reforma es necesaria hacer para que este organismo, que es de suma relevancia para el funcionamiento del Estado, tenga la independencia y autonomía para tomar las decisiones de manera independiente de los demás poderes. Eso, es parte de una reforma legislativa y, lamentablemente, esa reforma legislativa, como también el tema de los delitos tributarios, debe pasar por aquellos parlamentarios que también están siendo investigados o que no quieren que se investiguen estos mismos ilícitos. Al final, caemos en un círculo vicioso donde se mantiene esta situación, porque, indudablemente, aquellos parlamentarios que celebran que no se presenten querellas, van a ser los primeros en mantener esta facultad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos en cuanto a presentar querellas.

-¿Por qué, específicamente?

Porque saben que entregarle esa facultad, por ejemplo, al Ministerio Público, abriría la puerta para que ellos, el día de mañana sean indagados por este tipo de delitos. Entonces, lamentablemente, estamos en una situación bastante compleja desde el punto de vista de la corrupción, porque, en este caso, los imputados son los mismos que tienen que dictar las leyes que permitan esta reforma.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno

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