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Contraloría General de la República en picada contra senador Rossi y su ONG Casa Abierta

Contraloría General de la República en picada contra senador Rossi y su ONG Casa Abierta

Jueves 13 de abril de 2017

Un sumario para establecer responsabilidades administrativas y la devolución de los millonarios fondos que recibió la entidad que preside el parlamentario, lo ponen, una vez más, en el ojo de la crítica.

Para el senador Fulvio Rossi este inicio de año será complejo, ya que la Contraloría General de la República en la Investigación Especial N° 524 (de 2016) por los fondos públicos entregados a la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Casa Abierta, –entidad que preside el parlamentario-, señala que se habría visto beneficiada con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y de la Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La Resolución Exenta N° 862 (20 de noviembre de 2013), deja de manifiesto la celebración de un Convenio de Transferencia de Recursos (4 de noviembre de 2013), entre el Gobierno Regional de Tarapacá –representado por su Intendenta, Luz Ebensperger- y la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Casa Abierta, representada para todos los efectos por Fulvio Rossi. Se trató de un proyecto de asistencia psico-social personalizada a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de Alto Hospicio, por un monto de $18.000.000

Otro de los cuestionados proyectos adjudicados se refiere al Proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP14-AVIF-20), del 8 de octubre de 2014, por un monto de $43.757.853, suscrito por la Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el senador, Fulvio Rossi.

Las conclusiones de la Contraloría General de la República son categóricas, tras la indagatoria realizada a las licitaciones que consiguió la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Casa Abierta: falta de acreditación de aporte propio, inexistencia de bienes adquiridos con recursos del proyecto, rendiciones de cuentas aprobadas sin la totalidad de la documentación de respaldo que acredite el gasto, y compra no autorizada en las bases.

Asimismo, el organismo contralor estableció  que “la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) deberá dar inicio a un procedimiento sumarial con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas… En lo que se refiere a la compra no autorizada en las bases, del mismo capítulo, la SPD deberá remitir los antecedentes que den cuenta del reintegro correspondiente, en un plazo de 60 días hábiles”. Advierte, además, que “en lo que respecta a la inexistencia de bienes adquiridos con recursos del proyecto, la entidad deberá remitir las actas de ingresos de los bienes al patrimonio de la corporación y el informe del actual uso de los mismos, en el término de 60 días hábiles…”.

La Contraloría General de la República ordenó la devolución de los fondos traspasados desde el Gore Tarapacá a la Corporación Casa Abierta, además de un sumario administrativo para sindicar las responsabilidades administrativas correspondientes. “El Gobierno Regional de Tarapacá deberá remitir los antecedentes que den cuenta del reintegro correspondiente, en un plazo de 60 días hábiles…”, agregándose que “el Gobierno Regional de Tarapacá deberá dar inicio a un procedimiento sumarial con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

La incompatibilidad de Rossi de ejecutar negocios con el Estado

Hay que mencionar un antecedente preocupante, a lo menos, y del que el propio senador Fulvio Rossi tendrá que hacerse cargo y pronunciarse. El Artículo Nº 60 de la Constitución Política indica que un senador no puede tener contratos con el Estado y el senador Rossi, sí suscribió con nombre y apellido los proyectos que se adjudicó su Corporación Casa Abierta.

Sobre este punto, la Contraloría General de la República, sostuvo en su informe (al que EL MURO tuvo acceso) que las autoridades y el personal del Congreso Nacional no se encuentran sujetos al control de este Órgano de Fiscalización, por ende, no corresponde intervenir ni informar sobre el asunto planteado (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes Nos 36.745, de 2008 y 27.0*14, de 2013, ambos de este Organismo de Control).

La polémica ONG “social”

El Ministerio de Justicia certificó que a dicha ONG (Casa Abierta) “se concedió personalidad jurídica, mediante Decreto Supremo N° 3780, de fecha 1 de diciembre de 2004”. En el acta de constitución de la Corporación de Desarrollo Social y Cultural (Fojas 1.792-806), del 13 de febrero de 2004, se consigna que la directiva está conformada por: Fulvio Rossi (presidente), Irina Rossi (vicepresidenta y su hermana, a la vez), Gabriela Hip (tesorera) y Olaya Carrillo (secretaria). En calidad de directores figuran: Juan Pablo Ortuño, Julio Volenski y Luigi Ciocca (primo del senador Rossi y actual Seremi de Gobierno de la Primera Región). Además, los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas son: Jaime Hip, Wenceslao Unanue y Pedro Contreras e integran el Tribunal de Disciplina: René Madariaga, Aurelio Chung y Luis López.

En los estatutos de la institución se establece que la entidad tendrá una duración indefinida y que el número de socios no puede superar los treinta. “La Corporación tendrá por finalidad u objeto, la promoción del desarrollo humano, social y cultural y la rehabilitación y readaptación social, especialmente, de las personas, familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o marginalidad económica, social y cultural”.

Respecto del margen de acción de la ONG Casa Abierta, hay que señalar que éste es bastante amplio, al punto que una fuente de la Nueva Mayoría, asegura que “parece un conglomerado empresarial”. En los estatutos se plantea, expresamente, que la entidad “podrá realizar sus actividades en educación, cultura, capacitación, trabajo; salud; vivienda; medio ambiente; desarrollo comunitario; micro-empresa; pequeña producción; consumo popular; derechos humanos; comunidades indígenas y deportivo-recreativo, en lo urbano y rural”.

Cabe consignar que los mismos estatutos establecen que, precisamente, para conseguir esos objetivos, “la Corporación podrá realizar encuentros, seminarios, simposios, cursos y eventos. Crear y administrar Centros de Estudios y de Investigación, bibliotecas, Centros de Documentación y base de datos”. Asimismo, “crear, sostener y administrar centros abiertos, jardines infantiles, hogares u otros similares, de niños, jóvenes y ancianos, hospederías, policlínicos y centros comunitarios”.

A esto se suma, la atribución de “editar, imprimir, distribuir folletos, boletines, revistas, periódicos y libros y, en general, producir y hacer uso de todo tipo de medios audiovisuales para la promoción de sus iniciativas. Otorgar atención profesional especializada, individual y grupal, asesorías y transferencia tecnológica”. Y, también, “promover la organización y participación ciudadana en sus diversas formas o niveles. Asociarse en forma transitoria o permanente con otras instituciones nacionales, internacionales o extranjeras, que persigan fines análogos”.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno

 

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