¿Quién debería proteger nuestros datos?

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¿Quién debería proteger nuestros datos?

La semana pasada la Presidenta firmó un proyecto de ley que busca cambiar la ley de protección de datos. La mandataria lo llamó un “paso fundamental para defender plenamente los derechos ciudadanos”. Desde una perspectiva práctica, ¿podrá cumplir esta promesa la ley? ¿En el caso que no, que conclusión hay que sacar?

En la forma propuesta, la ley que busca la protección de datos de carácter personal (19.628) constituirá un instrumento de defensa mucho más poderoso, fundamentalmente más efectivo que la ley actual del año 1999, de la edad de piedra del internet. Ahora, los ciudadanos en su posición contra compañías que cada vez más usan sus datos por ejemplo gozarán de una Agencia de Protección de Datos accesible y bien equipada, un cuidado aumentado de sus datos sensibles como biométricos o genéticos y compañías internacionales ya no podrán seguir con transferencias inseguras de nuestros datos fuera del país. Se espera que multas severas hasta 5.000 UTM establecerán un incentivo significativo de cumplimiento.

¿Razón para relajarse y dejar de pensar en esta temática engorrosa? Seguramente, lamentablemente, no. Y eso independientemente del próximo destino del proyecto legislativo, de si se agravará o atenuará. Tres argumentos prueban porque ningún proyecto ley en esta área, sea anunciado lo sensacionalmente que sea, debería tranquilizarnos:

1. Ninguna ley rigorosa y ninguna multa draconiana podrá “plenamente” (sic la Presidenta) impedir el mal uso de datos personales. Los hackers, data leaks causados por ellos y empresas engañosas son un fenómeno bien conocido. Y no tenemos que pensar hasta categorías intencionalmente criminales: ¿Que vamos a hacer si una red social de China nos ofrece un servicio en línea que no cumple con la ley chilena? ¿Censurar el internet?

2. Un país como Chile, intentando de crear Start-Ups y, más general, una economía moderna a través del internet, necesariamente debe hacer concesiones a empresas que incluyen un tratamiento de datos personales por lo menos libre hasta un cierto grado. No hay nada malo en eso, Big Data es el recurso central del siglo XXI, una nación que quiere independizarse de cavar en Chuquicamata debe facilitar que empresas caven en bancos de datos digitales.

3. Sin embargo, lo más inquietante paradójicamente debería ser la carga que nos da este derecho en un punto muy importante para la sociedad liberal: La aceptación de la autonomía privada en su mayor parte. Si consentimos en un tratamiento de nuestros datos personales, ¡lo mismo va a ser legal! Quiere decir: El tratamiento, la publicación, el almacenamiento de nuestros datos es nuestra responsabilidad. Suena demasiado banal, pero una vista a la sociedad de hoy muestra que mucha gente todavía no lo ha percibido o considerado: Perfiles totalmente abiertos en Facebook invitan al empleador, policía o stalker, ojalá con intenciones inocuas, el RUT fácilmente identificable o asociable a una sola persona y además usable en cualquier ocasión se entrega en los supermercados del país como si fuera una obligación ciudadana. Todos estos leaks de información – supuestamente en su suma el peligro más grande para nuestra privacidad – son nuestra sola responsabilidad.

Dicho eso, hay que constatar: La Presidenta lógicamente nunca podrá “defender plenamente los derechos” en cuanto a nuestros datos personales, ni lo puede prácticamente ni legalmente. Como ciudadanos tenemos que ser más consciente de eso, informarnos ampliamente y decidir que queremos revelar y que y como queremos proteger. ¡Confíen en sí mismos!

Anton Leonhard Rettenmayr

Circulo Acton-Chile

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