A los socialistas de todos los partidos

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Al leer el Manifiesto por la República y el Buen Gobierno, resulta curioso que se señale que lo público no se agota en lo estatal ni se define por su lógica (párrafo 8), pero que al momento de hablar de educación pública lo anterior ya no rija. El texto es taxativo al señalar que la educación pública debe estar inserta en el aparataje estatal (párrafo 39), sin mencionar la posibilidad de que se encuentre inserta en el mundo privado.

No sería extraño leer algo así si se tratase de un documento escrito únicamente por políticos de derecha, los cuales durante los últimos años no han tenido vergüenza en hacer suyo algunos discursos de las izquierdas, pero se trata de un documento conjunto, de una invitación a pensar hecha por políticos y académicos, de la que se esperaría propuestas innovadoras o graníticas defensas a valores que se encuentren en peligro. Se esperaría ver reflejados los principios que supuestamente deberían ser sus inspiradores y no un discurso a veces inconsistente, escuchado miles de veces, y por lo demás, propio de las socialdemocracias modernas.

Para los autores del texto en comento, al igual que para todo el espectro político que va desde el centro a la más extrema izquierda, el actuar del Estado se encuentra revestido de una serie de virtudes irrepetibles, en atención a consideraciones que solo ellos entienden.

Dado lo anterior es que ya no es curioso ni paradojal que se le entregue una función específica a la educación pública –actualmente administrada por los municipios- ni mucho menos resulta extraño que no se otorgue una definición de educación pública. Al parecer, esta simplemente sería la que es provista por organizaciones del Estado y que se encuentra revestida de una serie de ilusorias virtudes, es decir: palabras de alto poder identificativo pero carentes de significancia concreta y contenido, es decir, simples términos comadrejas en palabras de Hayek.

Para los autores la educación particular subvencionada, aquella escogida por la gran mayoría de las familias del país, carecería de un valor de primer orden, dejando plausible la opción de que sea preferida por los motivos alguna vez esgrimidos por el entonces ministro de educación Nicolás Eyzaguirre. Siendo lo únicamente rescatable de aquella la abnegación de algunas personas que por razones solidarias, dedican sus mejores esfuerzos a proyectos educativos a favor de los más necesitados. Dado lo anterior, para aquella solo es necesario que se deje un debido espacio para que surja (párrafo 40).  Al respecto cabe preguntarse ¿Qué entienden los autores por debido espacio? Será lo mismo que establece la Ley 20.845 en su artículo 7 en el cual anota que se autorizará la creación de una nueva escuela particular subvencionada siempre y cuando el Mineduc establezca que existe una demanda insatisfecha o que no existe en el territorio a instalarse un proyecto educativo similar.

Con el objeto de ir aclarando las cosas es necesario señalar que la educación pública es aquella regida por el Estado, y no necesariamente administrada por él, pero si controlada en lo que a su contenido se refiere, a su forma de ser impartida, a la relación con los docentes. Se trata a grandes rasgos de la escolaridad en sentido general. Siendo así, sería mucho más oportuno y riguroso definirla como educación fiscal o estatal. Por el contrario,  cuando hablamos de educación privada, hacemos referencia a una educación libre, a una en la que los contenidos culturales a trasmitir son determinados por las familias, y no por el Estado, independiente de que este realice o no una consulta ciudadana o jornadas de reflexión a fin de determinar dichos contenidos.

Y las características de la educación estatal, las cuales se ven incrementadas cuando es provista por expresiones del Estado, en nuestro caso, por los municipios y/o sus corporaciones, en el ideal de la izquierda a cargo de Servicios Locales de Educación (Mensaje 1174-363) y en el ideal de la centro derecha a cargo de Agencias Públicas de Educación Local (Mensaje 397-359), son que se sustenta en un proveedor burocrático que se desenvuelve en lógicas políticas, proveedor que debe ser financiado obligatoriamente por todas las personas, utilicen o no sus servicios. Cuando hablamos de educación estatal nos referimos a una burocracia despótica que abusa de los educandos y sus familias, quienes en atención a su realidad económica, no pueden escapar de aquella. Siendo su finalidad no otra más que inocular determinada especie de adoctrinamiento en atención al interés de los partidos políticos dominante o de los lobistas de turno (religión, ideología de género, lengua autóctona, formación cívica, etcétera). La educación pública permite que tanto personas como Le Pen o Maduro tengan control absoluto sobre lo que deben o no aprender nuestros niños. De aquella manera no hay mucha diferencia entre el sistema educacional democrático, único y planificado establecido en el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular y el elemento de primer orden para el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de oportunidades y el progreso del país, que según los redactores del Manifiesto por la república y el buen gobierno, es constituido por la educación pública.

Iván M. Garay Pagliai

Director Ejecutivo de Cheque Escolar

 

 

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