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Caso Lissette Villa: acusan a fiscal Guerra de estar "protegiendo la cadena de corrupción"

Caso Lissette Villa: acusan a fiscal Guerra de estar "protegiendo la cadena de corrupción"

Jueves 11 de mayo de 2017

Rodrigo Paz, presidente de la Corporación Sofini: "Esto es grave y es tan grave que será el corazón de la medida cautelar que vamos a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos"

El 11 de abril de 2016, Lissette Villa Poblete (11 años) falleció al interior de las dependencias del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, institución dependiente del Servicio Nacional de Menores. Después de seis meses de ocurrido el deceso, en octubre de ese mismo año, el país se volvió a conmocionar con la realidad que, a diario se vive al interior de los recintos que son parte del Sename y de otros establecimientos que dependen de la entidad estatal, con miles de fallecidos y, por lo tanto, con historias que quedaron inconclusas.

La abogada, Solange Huerta, directora del Servicio Nacional de Menores –designada en julio de 2016 por la Presidenta, Michelle Bachelet (PS), luego de haber sido la fiscal a cargo de la investigación del caso 27-F por las muertes ocasionadas por el tsunami-, entregó cifras desgarradoras de los menores, adolescentes y adultos mayores del Sename y de otros recintos vinculados a la red de protección estatal, que han fallecido, en un período de 11 años: 243 menores -113 de ellos, con algún grado de discapacidad- y, en total, los números llegan a 1.313 chilenos que debieron ser protegidos y resguardados por el Estado, pero no fue así y fallecieron entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de julio de 2016.

Hay que mencionar que ese mismo mes, específicamente, el 12 de julio de 2016, se designó al fiscal Marcos Emilfork como fiscal especial para liderar las investigaciones por las muertes en el Sename, tarea también a cargo de la fiscal Érika Vargas, indagatoria que incluyó el fallecimiento de la menor, Lissette Villa Poblete (causa RUC 1600360790-2).

Hasta ahí, el panorama claro, pero al pasar los meses se produjeron una serie de situaciones anómalas que llevaron a los querellantes en la causa por las muertes en el Servicio Nacional de Menores, a recurrir nuevamente a los tribunales de justicia. Fue así como la Corporación Sofini, a través de su presidente, el psiquiatra, Rodrigo Paz, interpuso una querella por obstrucción a la justicia en contra del fiscal Marcos Emilfork y de la fiscal, Érika Vargas, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

 A esto se sumó también otra querella (de parte de la Corporación Sofini y de su presidente, Rodrigo Paz) por falsificación de documento público, referida al resultado del informe de la autopsia de Lissette Villa Poblete, donde los dardos apuntan a la doctora Pamela Bórquez, médico tanatóloga del Servicio Médico Legal (SML), designada el 23 de agosto como nueva contraparte del organismo estatal para vincularse con el Ministerio Público.

En cuanto a la querella por falsificación de documento público, desde el 23 de marzo de 2017 y hasta el 17 de abril de este año, esa indagatoria estuvo  en manos de la fiscal Giovanna Herrera Andreucci, causa radicada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, la fiscal Herrera, intempestivamente fue removida de la causa. Los querellantes se enteraron de manera informal, sin que fueran notificados del cambio de fiscal y mucho menos de las razones que llevaron a apartar a la fiscal Herrera Andreucci de la causa.

¿Y quién reemplazó a la fiscal que estaba con las indagatorias, en el marco de la investigación por las muertes en el Sename, en la arista de falsificación de documento público, o sea, del resultado original de la autopsia que estableció la causa de muerte de Lissette Villa Poblete? Nada menos que el fiscal metropolitano oriente Manuel Guerra, el mismo que sigue la causa por obstrucción a la justicia en contra de sus pares, los fiscales Marcos Emilfork y Érika Vargas.

El fiscal Manuel Guerra ha logrado, en el último tiempo, una amplia figuración mediática no sólo por las investigaciones en torno al financiamiento ilegal de la política, sino porque también lleva adelante el caso Bancard en el que figura el ex Presidente Sebastián Piñera.

Génesis de la eventual falsificación

El 22 de junio de 2016, originalmente, el Departamento de Tanatología del Servicio Médico Legal evacuó el informe de autopsia del cuerpo de Lissette Villa Poblete, documento en el que aparecía el timbre y la firma de la Médico Jefa del Departamento de Tanatología del SML, doctora María Viviana San Martín y la firma y el timbre del perito forense, doctor René López. En el documento se concluyó que la causa de muerte de la menor habría sido una arritmia cardíaca, debido a los fármacos que consumía y que le habían sido prescritos por los médicos que la trataban.

Pero, dos meses después de ese informe original de autopsia, el 29 de agosto de 2016, apareció un informe complementario con una conclusión distinta, (EL MURO tuvo acceso a ambos documentos), en el que ya no aparece el nombre ni la firma de la médico jefe del Departamento de Tanatología, doctora María Viviana San Martín, si aparece el nombre del doctor René López, pero esta vez, sin su firma y lo novedoso, es que figura un nuevo nombre: el de la tanatóloga Pamela Bórquez, sin su firma y con el timbre del Departamento de Tanatología del SML.

En esa hoja que corresponde al informe complementario, se indica que el fallecimiento de Lisette Villa Poblete habría sido producto de la contención y asfixia de la que fue objeto al interior del recinto de “protección” en la que estaba internada. En el texto de la querella por falsificación de documento público (en poder de este diario electrónico), se plantea de manera textual que: “La doctora Pamela Bórquez, en su calidad de recién designada contraparte del Ministerio Público y coordinadora del nuevo equipo investigador, remitió a este último, el informe de complemento de autopsia N° 1026/2016, con fecha 29 de agosto de 2016, en el que se pretende establecer que tanto ella como el médico tanatólogo, René López señalarían que la causa de muerte es: una asfixia mecánica con componentes de sofocación, así como de restricción de movimientos respiratorios en un contexto de una escolar en tratamiento con sertralina y carbonato de litio, que al momento de su muerte cursaba con una miocarditis linfocitaria focal y una esteatohepatitis, sin establecer cómo se llegó a esta conclusión, ni que nuevas pericias se realizaron para modificar la causa de muerte, la que es, claramente, contradictoria con lo señalado por el médico René López Pérez, en el informe complemento de autopsia N° 1026/2016 de fecha 22 de junio”.

Fiscal Guerra: ¡el control de todo!

Para los querellantes en el caso Sename, llama la atención que el fiscal, Manuel Guerra, teniendo en su poder la investigación de la querella por obstrucción a la justicia en contra del fiscal Marcos Emilfork y de la fiscal Érika Vargas, también se haga cargo de la querella por falsificación de documento público de la autopsia de Lissette Villa Poblete. ¿Por qué el persecutor decidió asumir ambas causas y desplazar de una de ellas a una fiscal que había sido designada para investigar?, ¿qué razones podría haber detrás de la determinación de Manuel Guerra?

En conversación con EL MURO, el psiquiatra, Rodrigo Paz, presidente de la Corporación Sofini, querellante en el caso Sename, señala que “sorpresivamente, el fiscal Manuel Guerra sacó de la investigación por falsificación de documento público a la fiscal Giovanna Herrera y, pese a ser dos causas distintas radicadas en tribunales diferentes, asumió como fiscal en la otra causa también”.

Agrega que la causa se declaró admisible en el Séptimo Juzgado de Garantía y se designó al fiscal Manuel Guerra para que investigue el delito de obstrucción a la justicia, pero “hasta el día de hoy, no sabemos si lo ha hecho o no, estamos hablando desde diciembre, es decir, cinco meses y el fiscal Guerra todavía no nos recibe como querellantes. Le hemos pedido audiencia, pero nada y una de las lecturas es que, derechamente, no tiene ningún interés en avanzar, porque si avanza se les desarma el caso”.

-¿Qué efecto puede tener el hecho de que el Fiscal Manuel Guerra asuma la investigación de las dos querellas presentadas en el marco de las muertes en el Servicio Nacional de Menores?

Aquí estamos metidos en el corazón de la corrupción en Chile. Resulta extraño, por decir lo menos, que dos delitos distintos, que ocurren en lugares diferentes, que son procesados por tribunales diferentes, los asuma un mismo fiscal, sacando, además, a una fiscal que es experta en el área que estaba investigando. La única lectura que uno puede hacer de eso es que el fiscal Manuel Guerra quiere controlar, quiere tener bajo su control, bajo su alero todo esto, porque, en el fondo, está protegiendo la cadena de corrupción que hay detrás. Hace cuatro meses que no nos recibe, a diferencia de la fiscal Giovanna Herrera que nos había fijado una reunión para el 20 de abril y que quedó sin efecto, al ser removida.

-¿Qué pasa, puntualmente con la querella presentada por obstrucción a la justicia en contra de los fiscales Marcos Emilfork y Érika Vargas y que, desde un comienzo, está siendo investigada por el fiscal metropolitano oriente Manuel Guerra y en cuya indagatoria ustedes no han evidenciado avances?, ¿esa tónica se puede mantener?

Ellos podrían decir que pensaban que el informe (de autopsia) era real, era valedero, decir que fueron engañados. El problema es que quien tiene que demostrar eso, es otro fiscal, porque si no, hay de por medio un evidente conflicto de interés. Por eso, justamente, queríamos que fueran dos causas distintas, con dos fiscales distintos, porque un delito es obstruir la justicia y, otro, es el de falsificación de un documento público.

-¿Es, a su juicio, perjudicial que el fiscal Manuel Guerra indague los dos delitos?

Esto es la confirmación de que no sólo tenemos a dos fiscales obstruyendo la justicia, a un fiscal interviniendo el Servicio Médico Legal (refiriéndose a Marcos Emilfork y su decisión de sacar e instalar peritos de acuerdo a su parecer en el SML), sino que tenemos, ahora, al fiscal, Manuel Guerra protegiendo toda esta cadena de corrupción. Ellos, saben que esto es una bomba de tiempo para la Fiscalía. Esto es grave y es tan grave que será el corazón de la medida cautelar que vamos a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se forme una comisión investigadora independiente del Estado de Chile y, así, evitar que siga en manos de fiscales corruptos una indagatoria tan relevante para los derechos humanos de este país, porque estamos hablando de la causa de derechos humanos más importante de la historia democrática de Chile.

Daisy Castillo Triviños/ EL MURO

Foto: Agencia Uno                         

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