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Caso Compagnon y la igualdad ante la ley

Jaime Mois Corona

Martes 10 de enero de 2017

La decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en orden a permitir que Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta, Michelle Bachelet, formalizada por delitos de cuello y corbata, abandone el país con propósitos estrictamente turísticos, viene a profundizar una de las tantas sospechas que los ciudadanos tienen sobre el sistema de justicia chileno. Y, a su regreso a Chile, será formalizada por estafa, pero antes le concedieron un regalito.

En cuatro ocasiones, la defensa de Compagnon insistió en que se le permitiera salir del país y, como señala el refrán ¡el que la persigue, la consigue!, aunque es muy distinto conseguir un objetivo con esfuerzo y transparencia, a hacer uso de las redes de contacto para lograr un propósito. ¿Alguien podría creer, con ingenuidad de por medio, que en este caso, los contactos no se utilizaron?

No todas las personas son iguales ante la ley, ya que aquéllas que gozan de mayores contactos con el poder político de turno, se aseguran cierto grado de impunidad y aprovechamiento que el resto de los ciudadanos no tiene, porque sus condiciones de origen o las oportunidades les han sido escasas. En el caso de la nuera de la Mandataria, el viaje podría haberse justificado por razones humanitarias, si hubiera sido un viaje para tratamientos médicos experimentales ante enfermedades graves, por ejemplo, se podría entender, pero no fue así.

Hay que traer a colación frente a este tema, las desafortunadas declaraciones del abogado de Compagnon, Antonio Garafulic, quien muy relajado aseguró a los medios de comunicación: “Se veía poco ajustado a derecho limitar un viaje que no tiene nada más que un tema familiar y que no dice relación con ningún otro fin. Es un premio a la perseverancia”. Me pregunto, ¿un premio a la perseverancia?, ¿de qué está hablando Garafulic?

Las redes de contacto

El caso de Natalia Compagnon, por ser cónyuge de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, demuestra a todas luces que los vínculos de poder en este país pasan a ser característicos de este tipo de resoluciones, donde la impresión que queda para el ciudadano de a pie es que para la justicia hay personas de primer nivel y otras que están en una escala menor, casi en el olvido.

Tal vez, lo más grave de esto es la eventual politización del Poder Judicial, ya que podría haber en esta sentencia un sometimiento indebido al Poder Ejecutivo que, a la larga, es el órgano que propone el presupuesto de dicho estamento.

Por otra parte, igual de grave, es que podría haber un interés de la judicatura de granjearse la simpatía del órgano administrativo, ante eventuales ascensos a la Corte Suprema en el evento que la coalición de gobierno se mantenga en el imperio en las próximas elecciones presidenciales. Esto, no olvidemos, porque las propuestas de ministros  al máximo tribunal provienen, justamente, del concurso de voluntades del Ejecutivo y el Legislativo, lo que ha desprovisto al Poder judicial de mucha de su independencia.

Quiero pensar que esta resolución no es nada de lo señalado previamente, sino que sólo se ha ajustado a los antecedentes presentados ante el Tribunal y a la vehemencia de los abogados que representan a Natalia Compagnon.

Es de esperar que estas actuaciones del Poder Judicial sean esporádicas y sólo demuestren la falta de tino –como se dice en buen chileno-, de quienes las resuelven, porque, de otra manera, en voz de un ex juez de la República conocido por juzgar casos de derechos humanos, el Poder Judicial corre el serio riesgo de transformarse en un “servicio judicial”.

Jaime Mois Corona,

Abogado, escritor y académico.

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